El Gobierno de Venezuela ha comenzado este miércoles una «operación de seguridad penitenciaria» en una cárcel en el estado Carabobo (norte), un mes después de la intervención en la prisión de Tocorón, cuna de la organización criminal transnacional «Tren de Aragua», informó este miércoles el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos.
La operación en la cárcel de Tocuyito, como parte de un «plan de reimpulso del sistema penitenciario», tiene el objetivo de garantizar la «seguridad ciudadana y el orden interno», dijo el ministro en X (antes Twitter), sin precisar el número de agentes desplegados.
Según una imagen que publicó en la red social, en la operación participan funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Alimentación y traslado
En Tocuyito se produjo, en febrero de 2018, un motín por parte de varios reclusos, quienes reclamaban mejoras en la alimentación y traslado a sus cárceles de origen, según dijo entonces el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Este nuevo operativo ocurre un mes después de la intervención, el pasado 20 de septiembre, de la cárcel de Tocorón, ubicada también en el norte del país, donde el Gobierno desplegó a unos 11.000 agentes de seguridad, tras lo que fue desmantelada «totalmente» el «Tren de Aragua», extendida por Chile, Perú, Bolivia y Colombia, a cuyo líder, Héctor Guerrero, alias «Niño Guerrero», aún buscan las autoridades.
Durante el procedimiento en Tocorón, que se saldó con un agente muerto, se encontró armamento de guerra, como armas largas, de francotiradores, granadas, explosivos, lanzacohetes y municiones diversas, de acuerdo con los reportes gubernamentales.
El Ejecutivo indicó entonces que el centro penitenciario fue «desalojado por completo» para un «proceso de reestructuración».
El 10 de octubre, las autoridades revisaron los planes que evalúan aplicar hasta final de año para fortalecer el sistema penitenciario, donde la mayoría de las cárceles y calabozos policiales, según varias organizaciones no gubernamentales, sufren un hacinamiento que ha empeorado las condiciones sanitarias.
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