El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Remigio Ceballos, negó este sábado que haya habido «negociación alguna» con las bandas criminales, entre ellas la transnacional «Tren de Aragua», durante la intervención policial y militar de la cárcel de Tocorón, en el norte del país, llevada a cabo el miércoles, con el despliegue de más de 11.000 funcionarios.
Ese día, la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseguró que la intervención «fue conversada» con delincuentes que actuaban como líderes negativos del penal y del «Tren de Aragua».
Sin embargo, según dijo este sábado el ministro, esta «gran operación» ha tenido «una planificación de largo aliento» y «no ha sido realizada de la noche a la mañana, mucho menos bajo negociación alguna».
Durante la presentación de un balance del operativo, en la que no aceptó preguntas por parte de la prensa, aseguró que hay «algunos funcionarios» que están siendo investigados y que continuará la búsqueda de sospechosos y personas relacionadas con las bandas, entre ellas el «Tren de Aragua», que fue «totalmente desmantelada».
La cartera de Interior y otras instituciones del Estado han informado este sábado, a través de las redes sociales, de la búsqueda de Héctor Guerrero, alias «Niño Guerrero», líder del «Tren de Aragua», por quien ofrecen una recompensa, cuyo monto no han especificado de momento.
Ceballos explicó que esta operación ha consistido en la «intervención y desmantelamiento de las estructuras que se encontraban» en Tocorón, donde había «1.600 privados de libertad», para llevar a cabo un «proceso de transformación completa» del sistema penitenciario.
Esta operación, prosiguió, ha sido «bien planificada», con «profundo apego a los derechos humanos».
El ministro informó el viernes de la recaptura de 87 presos que se habían dado a la fuga en medio de la intervención, durante la que se encontró armamento de guerra, como armas largas, de francotiradores, granadas, explosivos, lanzacohetes y municiones diversas, de acuerdo con los reportes gubernamentales.
El Ejecutivo confirmó que el procedimiento se saldó con un agente muerto y otros cuatro detenidos por su presunta vinculación con las redes criminales que operaban en el lugar, en el que se planeaban secuestros, homicidios por encargo y delitos informáticos.
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