San Salvador.- La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), junto a la organización Cristosal, acudieron este martes al Supremo para tratar de revertir un paquete de reformas que a su juicio «criminaliza» a la prensa por informar sobre las pandillas, esto como último recurso antes de presentarse a instancias internacionales.
«Es muy importante sentar este precedente. Nuestras expectativas son limitadas, dado que se trata de una Sala de lo Constitucional espuria» y «tenemos que agotar las instancias nacionales antes de proceder a otro tipo de instancias internacionales», dijo en rueda de prensa el presidente de la APES, César Castro Fagoaga.
Ambas organizaciones cuestionan a la actual Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dado que esta fue nombrada irregularmente en mayo de 2021 y entre ellos se encuentran exabogados de altos funcionarios y exasesores del Gobierno de Nayib Bukele.
Sin embargo, Castro indicó que es momento para que «los magistrados impuestos escojan de qué lado quieren estar».
«Es una buena oportunidad, pese a estar arrodillados a Casa Presidencial, de revelarse y de trabajar apegados a la Constitución», apuntó el periodista.
Agregó que estas reformas a la Ley de Proscripción de Pandillas y al Código Penal, que penan hasta con 15 años de prisión «cualquier manifestación» que aluda al «control territorial» de las pandillas, están generado dudas en el gremio sobre lo que se puede publicar y no respecto al fenómeno de las pandillas.
Señaló que la redacción de las enmiendas es «ambigua» y que las declaraciones de diputados del oficialismo indican que «lo que quieren hacer es criminalizar a los que estamos informando».
ATAQUES A PERIODISTAS Y EXILIO
El representante de la APES señaló que «todas las semanas» son atacados periodistas por funcionarios y «se dedican a injuriar, a insultar».
«Tampoco es un secreto que hay periodistas que ya han salido del país (…) y es triste que periodistas, por las amenazas, tengan que salir del país», subrayó Castro e indicó que se trata de al menos cuatro miembros del gremio periodístico que han optado por dicha medida.
Recalcó que las reformas son «ambiguas» y se desconoce su alcance, porque «no es un tema legal, es un tema político», dado que recae en «jueces que responden al oficialismo el determinar si lo que publicamos viola alguna ley o no».
«Lo que les pedimos de parte de APES a los periodistas es que estemos unidos en este momento y que sepamos que estas reformas son ileales», agregó y enfatizó que «hay mucha preocupación, hay incertidumbre».
LOS VICIOS DE LA REFORMA
Ruth López, jefa del área Jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal, dijo a periodistas que una de las irregularidades que, a su juicio, poseen las reformas es que entraron en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Indicó que los cambios permanentes, de acuerdo con la Constitución, deben entrar en vigor 8 días después de su publicación.
Sostuvo que los «motivos de fondo» para pedir la inconstitucionalidad son que «están promoviendo una limitación absoluta del ejercicio periodístico» y el derecho de la ciudadanía de estar «debidamente informada», además de utilizar «términos jurídicos indeterminados».
Indicó que la reforma, que el gremio periodístico ha catalogado como «mordaza», viola la Constitución al ser una «censura previa», prohibida en la Carta Magna.
«De ninguna manera venimos a proteger a grupos delincuenciales, sino que el derecho de todo ciudadano a estar debidamente informado y que el ejercicio periodístico sea realizado de una manera libre», indicó López.
En la demanda se solicitó a los magistrados constitucionalistas la medida cautelar de suspender los efectos de la reforma mientras se emite un fallo.
Estas enmiendas se dieron en el marco de un régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa tras una oleada de asesinatos a finales de marzo y que sigue vigente.
Además de esta medida extraordinaria, el Congreso aprobó, a propuesta de Bukele y sin que mediara ningún estudio parlamentario, el endurecimiento de penas para pandilleros y avaló juzgar a adolescentes como adultos.
El nuevo paquete de enmiendas prohíbe a los medios de comunicación «la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población».
Con la iniciativa de Bukele, que comparó con la lucha alemana contra el nazismo, se declararon también ilegales los grafitis o «cualquier expresión visual» que «explícita o implícitamente transmitan mensajes» de las pandillas.
Estas reformas han sido comparadas por defensores de derechos humanos salvadoreños y organismos internacionales con legislaciones vigentes en Nicaragua y Venezuela.
EFE
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