Más de un centenar de jubilados y pensionados protestaron este viernes en el centro de Caracas ante el Ministerio de Educación y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). La movilización tuvo como objetivo exigir ingresos dignos que les permitan adquirir alimentos y medicinas esenciales para subsistir.
«La pensión está en 130 bolívares, que equivalen a 0,23 dólares al mes. Esa es nuestra realidad. Para comernos un kilo de carne tenemos que reunirnos entre 50 personas y repartirnos un pedacito; así de grave es la precariedad», relató a EFE Carlos Gallego, un manifestante de 65 años.
Gallego ejemplificó la crisis con el costo del transporte público: «El pasaje de autobús está en 100 bolívares. La pensión apenas nos alcanza para ir al banco, nos quedan 30 bolívares y nos tenemos que devolver caminando a nuestras casas».
Despliegue policial y entrega de documentos
La convocatoria original pretendía marchar desde la sede de Educación hasta la Vicepresidencia y el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, un fuerte contingente de las fuerzas de seguridad impidió el avance por las calles aledañas utilizando vehículos antimotines, obligando a concentrar el grueso de la protesta frente a las oficinas del IVSS.
A pesar del bloqueo, dos comisiones de manifestantes lograron sortear los cercos y entregar formalmente un documento con sus exigencias tanto en el Ministerio de Educación como en la Vicepresidencia de la República.
Rechazo a la «bonificación» del salario
El descontento de los adultos mayores se ha visto agravado por las recientes políticas salariales del Ejecutivo. El pasado 30 de abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un incremento en las bonificaciones complementarias, fijándolas en 240 dólares para los trabajadores activos y en 70 dólares para los pensionados.
El anuncio generó indignación en los sindicatos del sector público, debido a que estos bonos no se integran al salario base y, por ende, no inciden en beneficios históricos como las vacaciones o las prestaciones sociales.
En ese sentido, el presidente de la Asociación de Educadores Jubilados de Caracas, Pedro García, exigió el restablecimiento de los canales formales de pago. «Pedimos que nos devuelvan a las nóminas de nuestros ministerios e instituciones del Estado. No aceptamos que se nos siga pagando a través de bonos de la plataforma Patria, porque es un mecanismo de control social y discriminación», fustigó.
Por su parte, la jubilada Carmen Laya denunció ante EFE que la respuesta recurrente de la administración frente a los reclamos laborales es «la represión». No obstante, matizó que la movilización de este viernes buscó demostrar que «los adultos mayores todavía tienen la fuerza necesaria para seguir en la calle defendiendo sus derechos».
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
