El Clan del Golfo, el principal grupo criminal de Colombia y que controla completamente la zona colombiana de la frontera con Panamá, recibió el año pasado unos 68 millones de dólares del paso de los más de 500.000 migrantes que cruzaron la peligrosa selva del Darién rumbo a Norteamérica, según reportes de las autoridades colombianas reveladas este miércoles por Human Rights Watch (HRW).
«La presencia del Clan del Golfo en el lado colombiano, que controla las rutas migratorias, le cobra recursos a los guías incluso provee una especie de servicios de seguridad que hace que, según las propias autoridades colombianas, cerca de 125 dólares de cada migrante terminarían en manos del Clan del Golfo, lo que significaría que el año pasado habrían logrado cerca de 68 millones de dólares del control de este tráfico», explicó la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.
La organización de Derechos Humanos presentó hoy el informe ‘Abandonados en la selva: Protección y asistencia para migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién’ donde denuncia, mediante dos años de investigación y más de 300 entrevistas, las negligencias de Colombia y Panamá para gestionar la crisis.
Asesinatos y violaciones
El año pasado más de medio millón de personas, sobre todo venezolanas, cruzaron esta densa y montañosa selva, donde los migrantes se enfrentan a peligros naturales como crecidas de ríos o ataques de animales e insectos, y a atracos, violaciones sexuales e incluso homicidios y desapariciones.
En los tres primeros meses de 2024 ya han cruzado más de 100.000 personas, por lo que «este año puede terminar en 800.000 o incluso un millón», según Goebertus.
Es paradójico que sea un grupo criminal el responsable de la seguridad de los migrantes: «La documentación que hemos hecho es que el control criminal que hace el Clan del Golfo del lado colombiano, lo que busca es evitar que se cometan por parte de estos grupos criminales más pequeños distintos tipos de delitos que alertarían a las autoridades y que afectarían el tráfico de drogas que controla el Clan del Golfo», apuntó la directora de HRW para las Américas.
Pero revela una gran negligencia del Estado colombiano en su deber de protección y garantía, pero también del panameño, pues es en su territorio donde se cometen casi todos los crímenes.
La responsabilidad de Panamá
«Hemos documentado que, usualmente, cuando se cruza la frontera a Panamá es donde más ocurren casos de hurtos, casos gravísimos de violencia sexual sobre todo contra mujeres y personas LGTBI, casos de desaparición forzada e incluso de homicidio», apuntó Goebertus, en declaraciones a EFE.
En la parte panameña son sobre todo «bandas más pequeñas, no necesariamente articuladas», que cuando llegan los grupos de migrantes «les detienen, les roban sus pertenencias, los separan entre nacionalidades y por género; ahí es donde más ocurre la violencia sexual».
Al separar a los grupos de mujeres y niñas comienzan las extorsiones, bajo la amenaza de violarlas: «se da precisamente como una especie de castigo frente a la no entrega de ciertos recursos».
Médicos Sin Fronteras (MSF) asegura que ha atendido a más de 1.300 personas por violencia sexual entre abril de 2021 y enero de 2024, en casos donde hay un subregistro, y después de esas denuncias, las autoridades panameñas les vetaron de dar atención en el país.
«La solución no es expulsar una organización como MSF, es tomarse en serio el tipo de casos que están siendo denunciados luego de que hay atención médica por parte de una organización humanitaria y tomarse la tarea de investigarlos, juzgarlos y sancionarlos que es lo que Panamá no está haciendo», apuntó Goebertus.
Ante una crisis que no va a cesar, y que es muy probable que se acentúe, ante la situación inestable electoral en Venezuela, HRW hizo un llamado a que «Panamá y Colombia se pongan serios en su responsabilidad internacional».
Colombia tiene una «falta de estrategia» clara ante este flujo, dejándolo a control del Clan del Golfo, y Panamá tiene una forma de abordarlo «muy desafortunada», pues «no se concentra en los derechos de los migrantes sino de trasportarlos rápidos -a veces de forma forzada- hacia la otra frontera».
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