La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó en su último informe que el Gobierno de Canadá «peligrosamente limita el acceso a la información pública» a la vez que constató el bloqueo que están realizando Google y Meta de noticias canadienses en represalia por una nueva ley.
El informe, que debe aprobar el domingo la Comisión de Libertad de Prensa en la asamblea general de la institución, señala su preocupación por el incremento de «los abusos, discursos de odio y amenazas» contra la radiotelevisión pública canadiense, CBC/Radio-Canada.
Sobre el proyecto de ley C-18, la llamada Ley de Noticias en Línea que obliga a las empresas tecnológicas a compensar a los medios de comunicación por la distribución de sus contenidos, SIP destaca que la legislación está siendo boicoteada por Google y Meta a través del bloqueo en sus plataformas de las noticias canadienses.
SIP ya emitió el pasado 5 de julio, junto con otras 17 organizaciones de medios de comunicación de todo el mundo, una declaración en la que criticaba las amenazas de Google y Meta.
Excesos del Parlamento canadiense
Además, el informe recoge la denuncia de la Asociación Canadiense de Periodistas (CAJ, por sus siglas en inglés) contra los excesos del Parlamento canadiense al exigir que las autoridades de CBC/Radio-Canada comparezcan ante la Cámara Baja para explicar la aplicación del término «terrorista» en sus coberturas.
CAJ indicó que con estas actuaciones, el Parlamento amenaza el principio de independencia editorial y advirtió que si las decisiones editoriales tomadas por CBC/Radio-Canada pueden ser revisadas por los parlamentarios «la cadena pública de noticias se convertiría en una radiodifusión gubernamental».
Entre otras preocupaciones recogidas por SIP se encuentra el proyecto de ley C-11, conocida como la Ley de Transmisión en Línea que otorga poderes a la Comisión de Radio y Televisión de Canadá (CRTC) para regular las plataformas de transmisión en línea por el temor que restrinja el contenido creado por los usuarios.
Finalmente, SIP incluye en su informe sobre Canadá la actuación de las fuerzas de seguridad del país que han reconocido el uso de programas espía para «hackear los dispositivos de los sospechosos en investigaciones de delitos graves y seguridad nacional».
La organización expresa su preocupación de que «la extensa y descontrolada vigilancia pública y privada amenace los derechos individuales».
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