Un informe sobre crímenes de odio denuncia hechos de «máxima gravedad» como «homicidios, represión de manifestaciones y torturas» cometidos en Venezuela a partir del 4 de julio de 2024, tras el comienzo de la campaña de las elecciones presidenciales del día 28 de aquel mes.
Presentado en Madrid, se trata de una investigación del Movimiento contra la Intolerancia y del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación de España (COVIDOD), así como de la Plataforma de Ayuda a Venezuela.
Tiene el objetivo de denunciar «una serie de hechos criminales» atribuidos a las autoridades venezolanas, dijo el presidente de Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del COVIDOD, el español Esteban Ibarra.
Según esta investigación, al menos 35 personas murieron víctimas de crímenes de odio y 850 las detuvieron por disturbios y protestas contra el Gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, al que se acusa también de difundir mensajes y discursos de odio.
«Durante un mitin electoral, el candidato Nicolás Maduro amenazó con un ‘baño de sangre’ y ‘guerra civil’ si ganaba la oposición» los comicios, según recoge el documento.
El resultado oficial de las elecciones dio la victoria al actual presidente Maduro para otro mandato de seis años, pero la oposición denunció un «fraude masivo» y aseguró que el ganador claro fue candidato Edmundo González Urrutia.
Tanto el oficialismo como la oposición han convocado a sus simpatizantes a manifestarse el día de la toma de posesión presidencial, el 10 de enero. Y tanto Maduro como González Urrutia anunciaron que se presentarán a la misma.
Criminalización contra la disidencia
El representante de Alianza Ciudadana por la Libertad en Venezuela, el periodista Miguel Henrique Otero, reprochó que, aunque en Venezuela existe legislación contra los delitos de odio, actualmente se usa para «criminalizar a la disidencia».
Sin embargo, consideró que, en un futuro, se podría emplear como un «instrumento legal» para luchar contra estos delitos y castigar a aquellos que «perpetraron violaciones de derechos humanos en Venezuela».
Ibarra incidió también en este punto y cree que las víctimas de delitos de odio deben tener «derecho a reparación» cuando «lleguen las libertades democráticas» al país.
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