El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este miércoles su respaldo a una política antidrogas que integre las distintas fuerzas policiales del país, con el objetivo de enfrentar al narcotráfico sin causar víctimas civiles. Sus declaraciones fueron una reacción a la operación policial del martes en Río de Janeiro, la más letal en la historia del estado, con entre 121 y 132 muertos según diferentes fuentes.
Lula destacó la necesidad de un trabajo coordinado para afectar el núcleo financiero del crimen organizado, haciendo referencia a una operación reciente contra el ‘Primer Comando de la Capital’ (PCC), una poderosa mafia nacional involucrada en delitos como venta de drogas, adulteración de combustibles y lavado de dinero.
La operación específica en Río de Janeiro se realizó en las favelas de Penha y Alemão, zonas con alta pobreza y densamente pobladas, donde se enfrentaron fuerzas policiales y miembros del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más antiguas y fuertes del país. La intervención dejó 121 muertos según el gobierno regional, entre ellos cuatro policías, aunque la Defensoría Pública informó de hasta 132 víctimas, incluyendo civiles.
Ministro de Justicia
Durante la operación fueron capturados 113 sospechosos, se aseguraron armas, explosivos y grandes cantidades de droga. Tras el operativo, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, y el gobernador Cláudio Castro anunciaron la creación de una Oficina de Emergencia para el Enfrentamiento al Crimen Organizado, destinada a coordinar mejor las fuerzas policiales regionales y nacionales.
El gobernador de Río criticó la falta de apoyo del Gobierno federal para la operación, mientras Lula enfatizó que el combate al crimen organizado debe evitar poner en riesgo a policías y a la población civil, y debería basarse en medidas para debilitar financieramente a las mafias.
Esta situación refleja tensiones en la coordinación entre los niveles de gobierno brasileños para enfrentar la inseguridad y el narcotráfico, pero pone de manifiesto el compromiso del Ejecutivo federal para aprobar un proyecto de ley de Seguridad Pública que permita una lucha conjunta más eficaz contra el crimen.
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