El Gobierno de Guyana expresó este lunes su confianza en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) confirmará la validez del laudo arbitral de 1899, que determina su actual frontera con Venezuela y es objeto de disputa.
Guyana presentó hoy ante la CIJ en La Haya su escrito final sobre el caso contra Venezuela, que reclama la región del Esequibo, rica en petróleo y administrada por Guyana.
«El Gobierno de Guyana confía plenamente en que ha demostrado, en su respuesta, que las impugnaciones de Venezuela al laudo arbitral y a la frontera internacional carecen totalmente de fundamento», subrayó el comunicado oficial.
Por ello, las autoridades guyanesas consideran que la CIJ «confirmará en última instancia la validez, la firmeza y la naturaleza jurídicamente vinculante tanto del laudo como de la frontera».
Guyana busca que la CIJ confirme que el laudo de 1899, que determinó la frontera internacional con Venezuela, es legalmente válido y sigue siendo vinculante para ambos Estados como una cuestión de derecho internacional.
Aunque Venezuela reconoció la validez del laudo y aceptó la frontera durante más de 60 años, cambió de posición en vísperas de la independencia de Guyana, reclamando como propia una región que ocupa más de dos tercios del territorio de su país vecino.
Venezuela
En esta fase del proceso ante la CIJ, cada parte presenta dos escritos. Guyana presentó su memoria el 8 de abril de 2023 y Venezuela, un año después.
La réplica de Guyana, presentada hoy, responde a ese escrito venezolano y Caracas tendrá la oportunidad de responder al mismo el 8 de agosto de 2025. La CIJ fijará a su debido tiempo una fecha para las audiencias orales.
El pasado 4 de octubre, el Gobierno de Venezuela acusó a Guyana de seguir «mintiendo ante el mundo», luego de que dicha nación ratificara como válido el mencionado Laudo de París de 1899.
La crisis por la disputa territorial alcanzó su punto más álgido luego de que Venezuela celebró en diciembre del año pasado un referendo unilateral en el que aprobó anexionarse el Esequibo, y de que el Gobierno de Nicolás Maduro ordenó el asentamiento de una división militar cerca del área en litigio, entre otras medidas.
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