El nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público de Guatemala, Gabriel García Luna, destituyó de manera fulminante este miércoles al fiscal anticorrupción Rafael Curruchiche. La remoción del funcionario, quien se encontraba al frente de la controvertida Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECCI), fue confirmada oficialmente por el ente judicial y su orden de ejecución tuvo carácter inmediato, marcando una ruptura con la línea institucional previa.
Curruchiche, quien en el pasado se desempeñó como árbitro de fútbol profesional, acumuló severas sanciones financieras y migratorias por parte de Estados Unidos y la Unión Europea bajo cargos de corrupción y socavamiento de la democracia.
El funcionario removido estuvo a cargo de más de una docena de expedientes de alto impacto que, de acuerdo con organizaciones sociales y veedores internacionales, constituyeron persecuciones judiciales instrumentalizadas. Entre estos destacan el encarcelamiento del periodista José Rubén Zamora Marroquín y las maniobras legales para intentar anular los resultados electorales de 2023 que llevaron a la presidencia a Bernardo Arévalo de León.
Protección a las élites y señalamientos de impunidad
La lista de polémicas actuaciones de la FECCI bajo el mando de Curruchiche incluye un presunto caso de corrupción contra el presidente Arévalo de León y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que jamás prosperó en los tribunales, así como el intento fallido de procesar al excomisionado anticorrupción de la CICIG y exministro colombiano, Iván Velásquez. Paralelamente, diversos analistas jurídicos señalaron a Curruchiche de utilizar el andamiaje del Ministerio Público para blindar y otorgar impunidad en casos de sobornos estatales a políticos y empresarios afines a la anterior administración.
El inicio de una nueva era judicial
El fiscal general Gabriel García Luna, quien tomó posesión del cargo el pasado domingo, ya había advertido públicamente que intervendría la FECCI al argumentar que dicha dependencia había perdido por completo su sentido original de combatir la impunidad. Con esta medida, García Luna comienza a desmantelar la estructura heredada de la anterior fiscal general, Consuelo Porras Argueta, cuyo mandato de ocho años estuvo signado por el aislamiento internacional y por denuncias directas del Ejecutivo de encabezar un «golpe de Estado judicial» contra la institucionalidad democrática de Guatemala.
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