Desde el estrado de la Casa Blanca, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, presentó en mayo las nuevas vías legales de entrada al país para venezolanos y otros migrantes, además de ofrecer un mensaje “muy claro” para quienes lo hagan de forma ilegal.
“Nuestras fronteras no están abiertas. Quienes crucen nuestra frontera de forma ilegal y sin un motivo legal para quedarse, los procesarán y expulsarán rápidamente”, indicó.
El miércoles, Mayorkas anunció la concesión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 472.000 venezolanos que llegaron al país hasta el 31 de julio, incluyendo algunos de los que ignoraron sus severas advertencias y cruzaron la frontera de forma ilegal.
Las circunstancias cambian, pero la ampliación de la protección por parte del gobierno del presidente Joe Biden puede complicar su mensaje.
Muchos venezolanos emigrarán a Estados Unidos con o sin opciones de acogerse al TPS, una ley de 1990 que permite al secretario de Seguridad Nacional conceder permisos de trabajo renovables por periodos de hasta 18 meses a gente cuyos países de origen los consideran inseguros debido a desastres naturales o a conflictos civiles.
Detractores del TPS
Los detractores del gobierno apuntan que la magnitud del anuncio de Mayorkas animará a los venezolanos a tratar de entrar en Estados Unidos pensando que las advertencias sobre deportaciones rápidas se olvidarán y se realizará otra ampliación.
Los contrabandistas de personas se aprovecharán de la noticia, señaló Chad Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional durante la presidencia de Donald Trump, cuyo gobierno trató de limitar y reducir notablemente el uso del TPS.
“Esto solo va a incentivar cada vez más, porque les estás dando un beneficio que quieren”, dijo.
Desacuerdo
Otros no están de acuerdo. En el exterior de una estación de autobuses de Ciudad de México, venezolanos que se dirigían a Estados Unidos, ninguno de los cuales sabía de las novedades acerca del TPS, contaron que los empujaban las condiciones en su país.
Danny Romero, de 45 años, mostró una foto de su familia para explicar sus motivos.
“El que tiene 18 años quiere estudiar Medicina, pero ¿cómo hace su papá para pagar si no tiene la plata? No le puedo truncar ese sueño”, contó Romero, quien partió de Valencia, una ciudad del norte del país, el 2 de septiembre.
Viaja con un sobrino y unas pocas pertenencias en una mochila, mientras sus hijos y su madre esperan en Venezuela. El que quiere ser médico trabaja ahora como barbero y otro, de 14 años, vende dibujos a un dólar.
La crisis política, económica y social que ha azotado a la nación en la última década sumió a millones de venezolanos en la pobreza. Maestros, profesores y otros empleados públicos dependen de otros trabajos temporales o de las remesas de los familiares en el extranjero para llegar a final de mes.
Al menos 7,3 millones se han marchado del país, muchos de ellos poniendo en peligro sus vidas en una travesía a menudo agónica hasta Estados Unidos.
El anuncio de esta semana sobre la protección para 472.000 venezolanos se sumó a los más de 242.000 que se benefician del TPS desde 2021 y 2022.
Regresar no es una opción
Regresar a Venezuela no es seguro “a causa de las persistentes condiciones humanitarias, de seguridad, políticas y ambientales”, apuntó Mayorkas.
Seguridad nacional dijo el sábado que utiliza “las escasas herramientas con las que cuenta” en tanto el Congreso no aprueba los grandes cambios que necesita el sistema inmigratorio.
“Sin embargo, es vital que los venezolanos comprendan que quienes llegaron aquí a después del 31 de julio de 2023 no pueden acceder a esa protección y, en su lugar, los deportarán cuando se determine que no tienen motivos legales para quedarse”, añadió.
Mayorkas añadió el sábado que su departamento estaba usando todas las herramientas posibles para asegurar la frontera, pero enfatizó cuestiones más amplias que solo el Congreso puede solucionar.
“Nuestro sistema de inmigración está absolutamente roto”, dijo durante una gira con la presidenta hondureña Xiomara Castro en McAllen, Texas. “Un hecho en el que todos están de acuerdo y el Congreso necesita arreglarlo. No lo han logrado durante décadas”.
Presiones a la Casa Blanca por el TPS
Los alcaldes y gobernadores demócratas han aumentado la presión sobre la Casa Blanca para que les ayude a atender el flujo migratorio. La Ciudad de Nueva York dice que el 40 % de los casi 60.000 solicitantes de asilo que acoge proceden de Venezuela y, de ellos, 15.000 podrían recibir ahora el TPS.
Este mes se han encontrado en la frontera más ciudadanos venezolanos que de cualquier otro país, a excepción de México, según las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos presentadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
En los 17 primeros días de septiembre se detuvo a 25.777 venezolanos, un 63 % más que en el mismo periodo del mes anterior. Entre ellos había algunos que podrían pasar legalmente para acudir a citas migratorias programadas, pero la inmensa mayoría eran cruces ilegales.
Sin predecir el impacto
Jeremy MacGillivray, representante adjunto de la agencia migratoria de Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones, en México, se negó a predecir el impacto de la ampliación del TPS, pero dijo que, en base a su experiencia, “es probable que medidas de este tipo, incluso cuando son positivas, animen a la gente a ponerse en marcha”.
Los contrabandistas venden sus servicios diciendo: “Miren, el presidente Biden anunció la ampliación de esta medida para los venezolanos, ahora es el momento de ir a la frontera”, agregó.
Pedro Luis Guerra, un venezolano que vivió en el vestíbulo de una comisaría de Chicago tras llegar a la ciudad en abril con su esposa y un hijo pequeño, señaló que el TPS será “una gran ayuda” para su familia.
Guerra apuntó que los venezolanos siguen de cerca las noticias sobre la política migratoria estadounidense, pero el anuncio de esta semana no animará a otros a viajar porque “los que llegaron después de julio no van a poder aplicar, entonces quedan igual, no tienen un beneficio”.
Pero Jenny Martínez, una enfermera de 39 años que vio como la inflación devoraba su salario en su país, contó que las condiciones allí son “demasiado terribles” y que los venezolanos están tan desesperados que muchos intentarán llegar a Estados Unidos sin tener en cuenta lo que les espere en relación con su estatus legal.
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