Río de Janeiro.- El número de militares ocupando cargos civiles en el Gobierno brasileño se duplicó desde que el líder ultraderechista Jair Bolsonaro asumió como presidente, en enero de 2019, al saltar desde 2.765 en 2018 hasta 6.157 en 2020, según un informe divulgado este viernes por el Gobierno.
El total de militares activos y de la reserva en cargos civiles del Gobierno fue calculado por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) a petición de un juez que exigía una aclaración sobre la preocupante y creciente «militarización» de un Gobierno en el que nueve de los 22 ministros son procedentes de las Fuerzas Armadas.
Según el organismo controlador, mientras que en 2019, en el primer año de mandato de Bolsonaro, había 3.515 militares en el Gobierno, ese número saltó en un 75,2 %, hasta los 6.157 en su segundo año de gestión.
En comparación con 2018, último año de Gobierno del presidente Michel Temer, el salto fue del 122,7 %.
La militarización del Gobierno la encabezan el propio Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército, y su vicepresidente, Hamilton Mourao, un general de la reserva del Ejército.
Casi la mitad del Gabinete ministerial de Bolsonaro, un nostálgico de la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, es ocupado por militares, incluyendo dos oficiales aún activos, el ministro de Defensa, el general Fernando Azevedo, y el interino de Salud, el general Eduardo Pazzuelo.
Hasta la semana pasada el ministro de la Secretaría de Gobierno, general Luiz Eduardo Ramos, también era activo, pero esta semana anunció su retiro.
Los cuatro ministros que despachan directamente en el Palacio presidencial de Planalto son militares. Además de Ramos, también ejercen desde la sede del Gobierno los titulares de Casa Civil, general de la reserva Walter Braga Netto; Gabinete de Seguridad Institucional, general Augusto Heleno Ribeiro, y Secretaría General, mayor de la reserva de la Policía Militar Jorge Oliveira.
Uno de los órganos públicos que más abriga militares es el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), con 1.969 funcionarios procedentes de las Fuerzas Armadas, tras la decisión de Bolsonaro de contratar a militares para ayudar a descongestionar las filas de pensionistas buscando atención.
El listado de militares en el Gobierno fue exigido por el juez Bruno Dantas, quien alegó que es «importante» que la sociedad sepa «exactamente» el número de militares en el actual Ejecutivo «dados los riesgos de desvirtuación de las Fuerzas Armadas que ello puede representar».
«Las alusiones a una posible militarización excesiva del servicio público civil son constantes. Se trata de una cuestión relevante que ha levantado la preocupación de sectores importantes de la sociedad», señaló el magistrado en su petición.
En junio pasado el magistrado Luis Roberto Barroso, uno de los integrantes de la Corte Suprema, manifestó su preocupación por el alto número de militares ejerciendo cargos civiles en el Gobierno y aseguró que «eso fue lo que ocurrió en Venezuela».
El pasado sábado, además, otro de los miembros del Supremo, el magistrado Gilmar Mendes, criticó el elevado número de militares en cargos del Ministerio de Salud, comenzando por el ministro, y aseguró que el Ejército necesita tener cuidado para no ser «asociado a un genocidio».
La frase fue una alusión al elevado número de muertes (casi 78.000) y de casos (2,04 millones) de coronavirus en Brasil, el segundo país con más víctimas y contagiados en el mundo, y al escepticismo de Bolsonaro sobre la gravedad de la enfermedad, que llegó a llamar de «gripecita».
La declaración del magistrado fue duramente criticada por el vicepresidente y por los altos mandos de las tres Fuerzas Armadas, que exigieron una retractación y un pedido de disculpas.
EFE
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