La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseguró este lunes que 22 presos políticos murieron bajo custodia del Estado desde 2015, y advirtió que las autoridades esperan hasta el «último momento» para atender a los detenidos que reportan malestares de salud.
«Desafortunadamente, en nuestras prisiones, las autoridades esperan al último momento para atender al detenido, sin importar el cuadro clínico que presente, y el desenlace son pérdidas de vidas humanas», señaló la ONG en su más reciente informe ‘Sin separación ni autonomía de poderes: cárceles y calabozos como herramienta de tortura’.
Asimismo, dijo que otra práctica son los «diagnósticos equivocados en prisión, y enfermedades que al ser tratadas a tiempo tendrían buen pronóstico, pero terminan en fatalidad».
De los 22 presos políticos, cuatro de ellos fueron detenidos tras las protestas en contra del resultado oficial de las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado, en los que el ente comicial proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro, un resultado cuestionado por la oposición mayoritaria y parte de la comunidad internacional.
Además, dijo que las urnas de estos detenidos fueron «selladas y custodiadas por los mismos funcionarios, hasta que los sepultaron».
Alimentación de los presos
«Después, los familiares también fueron presionados para no realizar más declaraciones a medios de comunicación. Inferimos, con la intención de que no continúen denunciando las arbitrariedades», añadió.
Ante esta situación, el OVP exhortó al Estado a velar porque la alimentación de los presos sea suficiente, balanceada y adecuada, así como garantizar el acceso efectivo a la salud, «mediante la prestación oportuna de atención médica, el suministro adecuado de medicamento y el traslado inmediato en casos de emergencia».
La organización también pide que se investigue de manera «independiente, oportuna e imparcial» las muertes ocurridas bajo custodia del Estado, «garantizando el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y sus familiares, así como la implementación de garantías efectivas de no repetición».
El Gobierno de Maduro dice en el país no hay presos políticos y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles», lo que rechazan activistas, ONG y partidos políticos de oposición.
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