Un total de 44 personas han sido asesinadas desde 2019 en Venezuela, en hechos relacionados con la minería ilegal en los estados Amazonas y Bolívar, según un boletín de la organización no gubernamental Fundaredes difundido este miércoles.
«Desde el año 2019 hasta lo que va de 2023, Fundaredes ha registrado en sus archivos, a través de denuncias recibidas y de su trabajo de monitoreo, un total de 44 personas asesinadas en el contexto de la minería ilegal que se desarrolla en los estados Amazonas y Bolívar», dice el escrito.
Los homicidios, prosigue la ONG, fueron perpetrados por grupos armados irregulares, algunos de origen colombiano, «así como por miembros» de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela.
Fundaredes aseguró que el llamado Arco Minero del Orinoco (AMO), una zona de 111.843,70 kilómetros cuadrados delimitada por el Gobierno para la explotación de riquezas, «se ha transformado desde sus inicios en una zona de devastación ambiental de áreas protegidas».
Subrayó que «los pueblos indígenas han sido los más afectados por esta extracción minera descontrolada», al punto de que 20 de las 44 víctimas de homicidios contabilizadas en los últimos 58 meses eran miembros de comunidades originarias.
Según la ONG, en estos territorios, fronterizos con Colombia y Brasil, operan integrantes de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC, miembros de la FANB y sindicatos armados.
En el lugar, añade el boletín, se cometen los delitos de contrabando, trabajos forzados, narcotráfico, desapariciones forzadas, secuestro, extorsión, trata de personas, prostitución de mujeres y niñas, y extracción ilegal de minerales.
En los últimos cuatro años, el Gobierno ha ordenado, al menos, cuatro operaciones militares de larga duración en esta zona, consideradas «incursiones violentas» por la ONG, la última de las cuales terminó el mes pasado con la expulsión de cerca de 12.000 mineros ilegales.
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