EFE
Managua.- El Gobierno de Nicaragua se opone a la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) como garantes de los acuerdos sobre garantías ciudadanas, según informó este martes la opositora Alianza Cívica, que es su contraparte en la mesa de negociación.
El negociador de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, dijo a periodistas que aunque el Gobierno rechaza la presencia de la CIDH y de la Acnudh como garantes, la oposición mantendrán «como condición esencial el regreso de estos organismos internacionales para que garanticen el cumplimiento de los acuerdos» y avanzar en otros temas de agenda.
«Demandamos la presencia internacional por una razón sencilla: no le creemos nada a este Gobierno y queremos para las víctimas, los liberados y sus familias, la seguridad que ninguna institución pública pueda dar ahora», argumentó Chamorro, quien es director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente.
El viernes pasado, el Gobierno y la oposición acordaron restablecer los derechos y las garantías ciudadanas, incluyendo el derecho de concentración, manifestación y movilización pública que había prohibido la Policía desde septiembre pasado.
Un día después, agentes antimotines y paramilitares agredieron a un grupo de personas que se manifestaba contra el presidente Ortega en un centro comercial de Managua, aunque la Policía divulgó una versión contraria a los hechos y a las pruebas en vídeo.
Entre los agresores estaba el militar retirado Germán Félix Dávila Blanco, miembro activo del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quien ejecutó un tiroteo e hirió a tres personas y a sí mismo.
Aunque la Policía lo identificó como un anciano que no tenía relación con el incidente, las imágenes mostraron lo contrario.
El Gobierno de Ortega dio por concluida la misión de la CIDH y de la Acnudh, así como del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entes tutelados por la CIDH, el año pasado.
La delegación de la Alianza Cívica considera como condición esencial para poder avanzar en la negociación y el fortalecimiento de los derechos humanos, que se trate en la mesa de negociación el regreso de los organismos de derechos humanos a Nicaragua.
El Gobierno reafirmó su intención de cumplir todos los acuerdos firmados el viernes tras las críticas generadas por el ataque a manifestantes el fin de semana atribuido a sectores oficialistas.
Sin embargo sostiene que fueron los manifestantes los que agredieron a los policías y otros civiles el sábado.
Nicaragua está inmersa en una crisis como consecuencia de las protestas callejeras que estallaron el 18 de abril de 2018 por una impopular reforma del seguro social.
En las manifestaciones se exige la renuncia del presidente Ortega tras casi doce años en el poder de forma consecutiva.
Esta situación ha causado 325 muertos y cientos de presos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque algunos organismos humanitarios locales elevan a 561 las víctimas mortales, además de actos violentos y ataques también a los obispos del país.
El Ejecutivo solo reconoce 199 víctimas mortales y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
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