Este miércoles nuevamente el Colegio de Ingenieros de Ciudad Guayana fue el punto de encuentro para una variada gama de actores de la sociedad civil, comercial, profesional y ciudadanos reunidos en un frente en defensa de los derechos de todos, frente a la escasa transparencia, violación de leyes y cobros desmedidos en las tarifas del servicio de aseo urbano y relleno sanitario, por parte de la empresa Fospuca, con el apoyo de la Alcaldía de Caroní; que al fin, luego de casi 8 años de gestión del Alcalde Tito Oviedo viene a buscar soluciones reales al grave problema de basura que ha enfrentado la ciudad, pero que lo hace sin consultar ni acordar con todos los sectores.
El expositor principal del tema designado por el comité conformado fue el Ing. Simón Yegres, que habló del sueño de todos los establecidos en esta tierra de vivir en las mejores condiciones posibles, lo que se ha visto “golpeado por la dinámica social y económica desde hace largo rato por la situación país y la pandemia”, lo que dejó mal parados a todos los sectores productivos, que ahora se enfrentan al “cisma” generado por el método impuesto por la alcaldía de Caroní “para recoger, no para prestar el aseo urbano, es un plan de gestión para solo recoger los residuos y echarlos allá en un hueco…” Lo que sostiene se ha convertido en una cosa de locura y sin control de tarifas que afecta a todos y pone en riesgo de quiebra al sector comercial y empresarial, pues ese método escogido parece llevarlos a eso más tarde o más temprano.
Cosa muy llamativa —sostuvo Yegres—, en una ciudad que desde sus mismos inicios sabe y se ha formado en licitaciones y procesos de contrataciones, como se hicieron para construir la ciudad planificada que aún queda. Se refirió a la opacidad para la contratación y las tarifas, acotando que “si hay una ciudad calificada, conocimientos para saber que es un proceso licitatorio es Ciudad Guayana… Además, calificamos en conocimiento de ese tipo de situaciones, por eso sabemos de estructuras de costos, de análisis de precios unitarios, de cómputos métricos, de estructuras tarifarias. Entonces no va a venir nadie de por allá afuera o un improvisado «x» a tratar de montarnos un teatro de que según licitaron cosas.”
Tres afirmaciones abren el debate
En tal sentido, puntualizó tres aspectos que consideran que son la génesis del problema que les ha agrupado a todos para exigir revisar todo el tema de Fospuca.
1-El proceso de contratación, las actuaciones municipales, el procedimiento tarifario y de cobro, tienen visos de ilegalidad, violando varias leyes y articulados, por lo que lo consideran ilegal.
2-La tarifa aplicada es incongruente y desproporcionada, porque se calcula por metros cuadrados y no por toneladas o litros, como se acostumbra en todas partes que se mide es el volumen.
3-El proceso incumple lo que ordena la Ley Orgánica Nacional que tiene que ver con la recolección y manejo de desechos sólidos en el país, donde se determina que cada alcaldía tiene que presentar a sus comunidades un plan local de gestión integral de residuos y desechos sólidos, donde se comprende no solo la recolección sino el aprovechamiento y reciclaje entre otros puntos.
Cese de cobro de Fospuca
En virtud de esos tres puntos se acordó que los comerciantes, empresarios y ciudadanos no pueden ser víctimas de la voracidad fiscal —ilegal, además— y mercantil, que viene a afectar a Guayana. Además, con mecanismos coercitivos que amenazan con cierres y sanciones de forma violatoria de los derechos de todos.
Por ello exigieron a la municipalidad suspender de inmediato los cobros del servicio de recolección de basura y del manejo del relleno sanitario, hasta tanto no se aclare debidamente todo el proceso, se entregue el contrato y sus términos la ciudadanía y se discuta abiertamente con todos.
No cancelar el servicio hasta aclararlo
Finalmente, cerró su intervención haciendo un llamado a la ciudadanía a no cancelar el servicio, sumándose en un movimiento colectivo de protesta y rechazo a un proceso que afecta a todos, como ya sucedió con la misma empresa en el estado Barinas.
Para hacerse respetar como guayaneses, están entregando comunicaciones a la municipalidad para exigir los documentos de todo el proceso en primer término, reservándose además las acciones legales de diverso tipo que vienen estudiando en el seno del comité y con la participación de diversos sectores, pues consideran que el proceso tiene visos de ilegalidad, incluida la de Corpoelec que se presta para esa estructura tarifaria, considerando que hay al menos diez asuntos que permiten acciones legales, incluida la posibilidad de un Amparo constitucional.
Extorsión condicionada al pago del aseo
El experto tributario Camilo London se refirió a los aspectos tributarios de lo que llamó “un sistema de excesos y abusos en contra de los ciudadanos”, pues considera que se ha utilizado una normativa en el ámbito positivo como un medio de extorsión a la gente para obligarlo a no reclamar lo que considera un exceso en el cobro de tarifas, pues se pretende imponer una norma que impide declarar los impuestos municipales si no se ha pagado el servicio de aseo, con lo cual, si se aplican medidas por no pagar el aseo pareciera que se hace por no cumplir con sus tributos legales.
Comentó que para ello plantearon la ordenanza de una Solvencia Única, donde se incluían esos puntos que niegan los derechos de cualquier ciudadano ante la autoridad municipal, violando el Artículo 51 de la Constitución vigente; cosa que fue rechazada por los concejales, y sin cumplir los lapsos de ley, el Alcalde incorpora el mismo contenido en la ordenanza de Registro Único del Contribuyente y Certificado Electrónico de Solvencia, que fue rechazada parcialmente en la Cámara Municipal. Donde, sin embargo, quedó algo de ese espíritu y ni siquiera ha sido publicada en Gaceta.
Además, el experto consideró muy grave suspender el pago de tributos municipales determinado por la Alcaldía en estos días, en prejuicio y daño de la recaudación local, para empujar a la gente a inscribirse en el sistema de Fospuca con la prórroga entre el 15 y el 20 de diciembre; lo que abre la posibilidad de una acción inmediata contra el burgomaestre, que ha impedido el cumplimiento de un deber constitucional de los contribuyentes.
Cámara Gastronómica denuncia cobros excesivos
Por su parte la Ing. Cándida Ángel, quién preside la Cámara Gastronómica de Bolívar, comentó que el sector viene muy golpeado por toda la situación pandemia y la crisis nacional, encontrándose en una delicada situación económica, por lo que se encuentran alarmados por los cálculos de las tarifas de aseo que ya han recibido facturas de cuatrocientos diez dólares para un restaurante, de setecientos diez dólares para una posada, lo que ha llevado a varios afiliados a cerrar parcialmente sus puertas, poniendo en riesgo muchos empleos y la forma de vida de mucha gente, al basar esos cálculos por metros cuadrados y no por el volumen de desechos que genera cada uno.
Manifestó su pleno acuerdo con un sistema de recolección de basura que funcione en la ciudad, pero considera necesario que las tarifas se adapten a la realidad económica de cada establecimiento y no de manera arbitraria fijada por la municipalidad como está ocurriendo; además de rechazar el hecho de que se amenace con cortar el servicio eléctrico a quienes no paguen el aseo.
Adjudicatarios del mercado de Unare bloqueados
Finalmente, la señora Petra España, comerciante del mercado municipal de Unare, manifestó su descontento con las tarifas y las medidas coercitivas a las que les vienen sometiendo.
Muchos de los adjudicatarios tienen bloqueado su acceso a pagar los tributos municipales, pendiendo sobre ellos la amenaza de multas, al tiempo que se les cercena el derecho de cancelar sus impuestos locales.
En síntesis buena parte de los sectores que hacen vida en Guayana levanta su voz de protesta contra el cobro de tarifas excesivas por parte de Fospuca, del manejo del proceso poco transparente y con visos de ilegalidad que se ha hecho desde la alcaldía de Caroní.
Mientras que los ciudadanos esperan claridad en torno al pago del servicio, pues no se puede pretender cobrar montos elevados cuando el salario mínimo apenas llega a los 130 bolívares mensuales.
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