Un acuerdo político abre un camino en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la eventual candidatura de la opositora María Corina Machado en las elecciones presidenciales de 2024, inhabilitada hasta 2030, según un documento difundido por Noruega, que actúa como garante en el proceso de negociación entre el Gobierno y el antichavismo.
A través de X (antes Twitter), la Embajada de Noruega en México informó de la recepción de un procedimiento establecido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela para «procurar la revisión» de las inhabilitaciones, dictadas por la Contraloría General de la República (CGR).
De acuerdo con el procedimiento acordado, los inhabilitados deben solicitar ante la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la apertura de un proceso contencioso administrativo donde se accione contra la medida de suspensión de derechos políticos establecida por la Contraloría General de la República (CGR).
Este recurso contencioso debe ir acompañado de una solicitud de amparo cautelar, los cuales deben presentarse ante el TSJ en un lapso establecido entre el primero y el 15 de diciembre de 2023.
La Sala del TSJ se pronunciará sobre el amparo cautelar «conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución».
Es obligatorio respetar la decisión del TSJ
Igualmente, con esta acción legal, los dirigentes políticos inhabilitados que soliciten el levantamiento de la sanción que se les aplicó ante el TSJ deben comprometerse a respetar la Constitución y, lo más relevante, «acatar en el marco constitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que emane de este recurso».
Igualmente, el documento exige a los dirigentes inhabilitados «honrar y defender la patria, sus símbolos y valores culturales,; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación…»
Y, por último, se les demanda también «rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad de Venezuela».
Sin duda, este acuerdo, divulgado en la noche del jueves, es una respuesta del Gobierno venezolano a la demanda de Estados Unidos de abrir el camino a la habilitación de dirigentes opositores, especialmente la candidata electa en primaria, María Corina Machado, en un plazo que concluyó justamente el jueves 30 de noviembre.
No está claro que Machado presente el recurso contencioso administrativo, porque afirma que no ha sido notificada oficialmente de ninguna inhabilitación administrativa, pero, en todo caso, la administración del presidente Nicolás Maduro se asegura la vigencia de las licencias que viabilizan la actividad normal de la industria petrolera hasta abril.
Otro inhabilitado, el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonsky, quien evitó medirse en la reciente primaria opositora podría acogerse a este acuerdo para evaluar una potencial candidatura, señalaron fuentes políticas vinculadas a la oposición.
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