René Núñez
Los latinoamericanos no deberíamos tener dudas sobre el daño estructural que nos ha venido haciendo años tras años el populismo e intervencionismo del Estado.
Ese liderazgo carismático “encantador de pueblos” suele prometer un “Estado de bienestar” que nunca llega: igualdad, seguridad y justicia social para toda la población.
Apelan a los argumentos emocionales sobre los racionales, manipulando la conciencia popular, explotando sus falencias sociales y educativas.
Esos populosos los encontramos tanto en regímenes de izquierda como en los de derecha, donde la planificación y control de la economía brilla por su ausencia.
Cada uno de estos gobiernos farsantes suelen tener proyectos políticos de cualquier índole.
“La excusa y echar la culpa a otros” de sus incapacidades es su característica durante el mandato.
El intervencionismo económico
El populismo por su propia naturaleza es intervencionista. Es interventor de la producción y los precios, llegando a la expropiación de empresas productivas.
Decretan sueldos y salarios. Al principio estas medidas obtienen apoyos y resultados inmediatos más de carácter emocional que otra cosa.
A mediano y largo plazo producen efectos negativos y distorsionadores en la economía. Lo grave es que las medidas correctivas implementadas son nuevas intervenciones.
Todo este proceder conlleva a más burocracia, a incremento de la corrupción, al clientelismo, a la ineficacia, al impedimento a la expansión del conocimiento, de bloqueo de la innovación, de sacrificio de las libertades individuales, de riqueza y «bienestar».
En resumen, el “Estado de Bienestar” ofrecido termina en la perversión de la democracia, creando más miseria, pobreza y desigualdades sociales.
Privatización
Este es otro tema que el populismo ha manejado políticamente, manipulando a la población y haciéndola creer que eso va en contra de sus intereses, vida social de pertenencia y patriotismo.
La dirigencia política, incluyendo algunas no populistas, le ha temido a la discusión del tema, tal vez, por los efectos de popularidad que pudieran afectar sus pretensiones electoreras a posterior.
El gobierno de Caldera no le quedó más opción que privatizar a SIDOR cuando el Estado se declaró incapacitado financieramente para mantenerla.
Forzado por los costos de la deuda externa, incluyendo la de la siderúrgica, la baja de los precios del mercado internacional del petróleo, del acero y sus derivados.
Al principio implicó resistencia política a varios niveles sociales y de los sindicatos; al final se impuso la decisión impidiendo su cierre inminente.
En dos años, la empresa con el socio privado mayoritario (51%) y el Estado Venezolano (49%), pusieron los libros en azules. Vino después el populista Chávez la estatizó de nuevo y ya conocemos los resultados de hoy: QUEBRADA TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE.
En la Venezuela por recuperarse y reconstruirse, aunque no sea del agrado de ciertos grupos y dirigentes, SIDOR y el resto de las empresas de Guayana, su recuperación pasa por un proceso de privatización, adoptando un modelo por lo menos mixto donde el Estado no sea propietario mayoritario.
Pues el hueco fiscal que se heredará cuando salgan estos populosos de la izquierda comunista, será tan grande que el Estado no tendrá otra opción.
Empresas, además, desactualizadas en lo tecnológico, en maquinarias y equipos, a nivel de recursos humanos, destruidas en lo organizacional, incluyendo en lo emocional por el cambio de cultura impartido todos estos años de revolución y dirección militarista.
Beneficios económicos de la privatización
1) Imposición de los principios de competencia. Los bajos costos provocados por la desregulación y por la mayor competencia incrementarán la productividad y la eficiencia de las actividades empresariales, mejorando la calidad y diversificación de la oferta de bienes y servicios
2) Reducción de las distorsiones económicas provocadas por las interferencias políticas en el sector público empresarial.
3) Disminución del déficit del Estado. Los ingresos del Estado serán previsiblemente mayores, a través del cobro de impuestos.
4) Reducción de la deuda externa e interna.
5) Desarrollo de los mercados de capitales nacionales y locales, y mayor participación de los inversores institucionales.
6) Permiten la posibilidad de ofrecer acciones a los trabajadores.
En conclusión, aquella pretensión de «nosotros, el Gobierno, podemos hacerlo mejor que la sociedad libre», no es más que una excusa para impulsar y tomar nuevas medidas intervencionistas.
Edición 1476.
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