Lima.- El presidente de Perú, Pedro Castillo, afirmó este viernes que «no lo amilana» que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso haya aprobado un informe que pide que sea inhabilitado durante cinco años y se le acuse por la presunta comisión del delito de traición a la patria.
«(Esta decisión) no nos amilana a nosotros, acá estamos por el país, porque antes que todo está el ciudadano», enfatizó el gobernante tras enterarse de la decisión de la Subcomisión mientras participaba en una reunión con representantes del distrito limeño de San Juan de Lurigancho en el Palacio de Gobierno de Lima.
El mandatario añadió que espera que el Congreso ahora «actúe mirando al pueblo peruano» al tomar las siguientes decisiones sobre el tema.
Castillo remarcó, sin embargo, que «traslada al pueblo» la notificación sobre las medidas que se toman en su contra y que es «en estos momentos coyunturales donde la población es personal testigo de lo que se está haciendo».
«Cada quien hace lo suyo y da una respuesta de acuerdo a la responsabilidad que tiene», concluyó antes de dejar la reunión para cumplir con un viaje ya pactado a la región amazónica de San Martín.
APROBACIÓN DEL INFORME
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó este viernes un informe que pide que Castillo sea inhabilitado durante cinco años y se le acuse por la presunta comisión del delito de traición a la patria, por haber declarado que su país podría facilitar una salida al mar para Bolivia.
La decisión se tomó con 11 votos a favor y 10 en contra, por lo que el documento será ahora enviado a la Comisión Permanente, que deberá analizarlo en los próximos días antes de decidir si autoriza su eventual debate y votación en el pleno.
El informe fue sustentado el lunes pasado por el congresista Diego Bazán, del partido opositor Avanza País, quien sostuvo que Castillo declaró en enero pasado a la cadena internacional CNN que «es un derecho del país de Bolivia el acceso al mar y que consultará a la ciudadanía» sobre esta posible medida que, según sostuvo, «pone en grave riesgo la integridad de la nación».
Sostuvo, en ese sentido, que las manifestaciones de Castillo «son susceptibles de reproche» y recordó que según el artículo 118 de la Constitución peruana el presidente tiene por función dirigir la política exterior, así como celebrar tratados internacionales, por lo que consideró que afectó la soberanía nacional.
LA DECLARACIÓN DE CASTILLO
Castillo reconoció en enero pasado a CNN que reclamó el «mar para Bolivia» durante una conferencia de profesores de Latinoamérica a la que asistió en La Paz en 2018, cuando ni se planteaba ser candidato presidencial.
«No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera», anotó.
Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico durante la Guerra del Pacíífico (1879-1883), por lo cual demandó a Chile en 2013 ante la Corte Internacional de La Haya para negociar una salida marítima, pero el tribunal desestimó su petición.
El presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) ya cedió en 1992 a Bolivia una franja de 5 kilómetros llamada Bolivia Mar, en el puerto sureño de Ilo, una decisión que fue profundizada en 2010 por Alan García (2006-2011), que renovó, por un periodo de 99 años, una zona franca marítima, sin soberanía, para el país vecino.
EFE
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