Un juez federal determinó que existe «probabilidad realista» de que los cargos por tráfico de personas contra el salvadoreño Kilmar Ábrego García sean represalia por vencer al Gobierno en tribunales, incluyendo la Corte Suprema, ordenando la divulgación de documentos internos del Departamento de Justicia (DOJ).
Ábrego García fue deportado «por error administrativo» en marzo de 2025 sin cargos. Nueve días después, demandó en Maryland y ganó: un juez federal ordenó su retorno en abril, ratificado por la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito y la Suprema Corte. Menos de un mes después, el 21 de mayo, un gran jurado en Tennessee lo acusó por una parada de tráfico de noviembre 2022, caso cerrado en abril 2025.
El juez Waverly Creshaw destacó la secuencia temporal como «significativa»: tras la deportación errónea y victoria judicial, el DOJ reactivó el caso como «prioridad máxima», con aprobación de altos funcionarios según 3.000 documentos revisados. Priorizó el derecho constitucional contra represalias sobre el secreto gubernamental.
La semana pasada, Creshaw canceló el juicio y convocó audiencia para el 8 de febrero, para evaluar si desestimar cargos. El caso resuena entre migrantes venezolanos y latinoamericanos en EE.UU., donde disputas por deportaciones erróneas multiplican demandas contra ICE.
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