El Gobierno de la República Dominicana ofreció este miércoles detalles técnicos sobre el polémico acuerdo suscrito con Estados Unidos, mediante el cual el país caribeño servirá de puente para la repatriación de ciudadanos de terceros países que no han podido regularizar su situación en suelo norteamericano.
El canciller dominicano, Roberto Álvarez, explicó en rueda de prensa que el flujo migratorio será de aproximadamente treinta personas por mes. Según los términos del pacto, que tiene una vigencia inicial de un año, la estadía de estos ciudadanos en territorio dominicano será estrictamente temporal, con un margen de entre siete y quince días.
Álvarez subrayó que el Gobierno estadounidense asumirá la totalidad de los costos operativos derivados de estos traslados y estancias, aliviando la carga financiera para el erario público nacional.
Restricciones y vigilancia permanente
El Ejecutivo ya había establecido salvaguardas claras para esta cooperación: el acuerdo excluye taxativamente a ciudadanos haitianos y a menores de edad no acompañados. El objetivo es meramente «facilitar» el retorno a sus naciones de origen mediante una escala técnica controlada.
A pesar de que el plan ya está en marcha, el canciller admitió que las autoridades «aún no han identificado» el recinto específico donde se alojarán los deportados. No obstante, garantizó que estos grupos estarán bajo «vigilancia permanente» y contarán con el acompañamiento técnico de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Defensa de la soberanía nacional
Ante las críticas de sectores de la oposición y de la sociedad civil, quienes tildan el acuerdo de violatorio a la soberanía, Álvarez negó tajantemente la existencia de coacciones por parte de la Casa Blanca. «Nuestro gobierno recibe solicitudes de todos nuestros socios, pero no recibe presiones; soberanamente decidimos cuáles aceptar y cuáles no», sentenció.
El ministro defendió la decisión argumentando que República Dominicana no tenía motivos para rechazar una petición de su principal aliado político y comercial, citando ejemplos de naciones como Costa Rica, Ecuador, Honduras y Paraguay, que han implementado mecanismos similares.
Un proceso de tránsito, no de asentamiento
Para finalizar, el jefe de la diplomacia dominicana quiso calmar las alarmas sobre una posible «invasión silenciosa» o absorción migratoria. Aclaró que las personas involucradas no son criminales, sino migrantes en situación irregular que no serán sometidos a procesos judiciales en la isla. «Es una operación de tránsito controlado y temporal, realizado bajo parámetros de cooperación internacional», concluyó.
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