El Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT) llamó este domingo a organizar una «huelga general» en protesta por «las restricciones, violaciones y encarcelaciones que sufren».
«La prensa en Túnez vive bajo la amenaza del decreto 54, la cárcel, las restricciones, violaciones, las dificultades de llegar a la información, los procesos judiciales y amenazas físicas y morales», enumeraron en un comunicado.
Los periodistas tunecinos denunciaron que el país perdió, en estos últimos años, «espacios de libertad», «acceso a la información» y el «derecho de los ciudadanos a la información».
Los periodistas tunecinos reclamaron la abolición del decreto 54, firmado en 2022 por el presidente tunecino, Kais Said, que estipula «penas de prisión y multas» a quienes publiquen noticias falsas, además de prever doblar la pena si la desinformación concierne a funcionarios del Estado.
Para el SNJT, los medios de comunicación oficiales se convirtieron en «portavoces» de propaganda al servicio del régimen actual y de su agenda.
Los firmantes del comunicado subrayaron el «uso de las instituciones del Estado como la Seguridad o la Justicia para encarcelar a los periodistas».
Libertad de Opinión
El Observatorio de las Violaciones de la Libertad de Opinión y de Expresión (OVFOE) publicó un reciente informe en el que alertó del continuo aumento de procesamientos de críticos contra el jefe del Estado, especialmente durante el segundo semestre de 2024 en el marco de las elecciones presidenciales de octubre.
Periodistas, políticos, blogueros, abogados y ciudadanos comunes fueron procesados por «expresar pacíficamente sus opiniones», consideró el Observatorio.
El pasado jueves, la Justicia tunecina liberó a Mohamed Bougaleb, periodista crítico con las políticas de Said, tras once meses en prisión, que deberá acudir el próximo 21 de abril a una audiencia judicial acusado de difamación.
La libertad de expresión es considerada uno de los mayores logros de la transición democrática en Túnez, origen de la Primavera Árabe, «en peligro» desde que Said se arrogó plenos poderes en 2021 y aprobó en 2022 una Constitución ultrapresidencialista que compromete la separación de poderes del Estado, denuncia la sociedad civil.
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