EFE
Caracas.- El Tribunal Supremo ratificó este jueves la «nulidad absoluta» de la junta directiva para el control de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus empresas filiales designada y ampliada el martes por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien se proclamó en enero como presidente encargado del país.
«La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos de (…) los designados de forma ilegal como miembros de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), sus filiales y empresas mixtas», dijo el máximo tribunal en un comunicado.
El pronunciamiento de la corte se da a propósito de que el pasado martes el Parlamento, de mayoría opositora y declarado en desacato por incumplir varias sentencias del Supremo, autorizó a Guaidó para ampliar de cinco a nueve miembros la junta administradora ad hoc que designó en febrero para controlar la filial de PDVSA en EE.UU., Citgo.
Los integrantes de esa junta designada por Guaidó son Simón Antunes, Gustavo J. Velásquez, Carlos Balza, Ricardo Prada, Luis Pacheco, Claudio Martínez, León Miura, María Lizardo y Alejandro Grisanti.
En ese sentido, el tribunal señaló que «conforme al ordenamiento jurídico del país, las personas legitimadas para dirigir Pdvsa, representarla y suscribir compromisos frente a terceros, como empresa mercantil», son su presidente Manuel Quevedo y demás miembros designados por el Gobierno de Nicolás Maduro.
Además, decretó prohibir la «designación de cualquier persona para el ejercicio de funciones gerenciales, operativas, y/o administrativas» de «Pdvsa, sus filiales y empresas mixtas, salvo que emanen de la propia empresa.
También prohibió la actuación «en cualquier instancia, organismo y foro internacional a toda persona venezolana o extranjera designados inconstitucional e ilegalmente», así como «negociar, suscribir y adoptar decisiones que incidan en el giro comercial y operacional, comprometiendo el patrimonio e intereses de Pdvsa».
Asimismo, exhortó a las autoridades públicas «a nivel nacional» a reforzar la seguridad en todas las instalaciones de la petrolera y demás empresas filiales y pidió al Ministerio Público investigar a todas las personas que acepten las designaciones hechas por Guaidó.
Instó también a la Sala de Casación Penal a iniciar los trámites para el traslado al territorio nacional de los ciudadanos a razón de que pueden estar fuera del país.
El TSJ aprovechó para también para reiterar que la designación del procurador especial nombrado por Guaidó, José Ignacio Hernández, es «nula».
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