El canciller de Venezuela, Yván Gil, manifestó que la cooperación con el país tiene que estar dirigida a «fortalecer» a las instituciones públicas, «no para desacreditarlas con la intención de tutelarlas», en referencia, entre otras, a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, cuyas labores en la nación, el Gobierno las suspendió.
El funcionario reiteró, en una publicación en X, que la oficina de DDHH «incumplió principios fundamentales en su labor y asumió una postura parcializada frente a hechos graves».
Gil aseguró que el organismo actuó de manera parcial ante el supuesto «intento de magnicidio y los planes frustrados de barrer la institucionalidad venezolana y la paz» en el país, que «exige se respete su soberanía y la carta fundacional de las Naciones Unidas».
No obstante, no brindó detalles sobre esa supuesta parcialidad ni explicó los actos concretos de la oficina de DD.HH. por los que considera que esta no procedió de manera adecuada.
Rechazo de la oposición y la comunidad internacional
La postura del Gobierno, así como la suspensión de la oficina y la expulsión del país de 13 de sus miembros, la rechazó ampliamente la oposición, ONG y parte de la comunidad internacional, al considerar que los señalamientos contra el organismo no se ajustan a la realidad.
La última en pronunciarse fue la líder opositora María Corina Machado este viernes, cuando calificó de «peligrosa» esta suspensión, en un momento en el que —aseguró— el país vive una «ola represiva» por parte de las autoridades, para «impedir elecciones presidenciales libres y transparentes», que se prevén para este año, en una fecha todavía por definir.
En un comunicado difundido en X, la opositora llamó a la comunidad internacional a presionar para que Venezuela tenga «la oportunidad de un cambio político pacífico» en el que —aseguró— millones de personas se «han comprometido», según lo que han «expresado ejemplarmente en los últimos meses».
Por su parte, el Alto Comisionado para los DDHH de la ONU dijo, a través de su web, que continuará su labor de asistencia técnica, monitoreo y presentación de informes, para evaluar «de manera creíble la situación de los derechos humanos y los desafíos desde el terreno».
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