El exdiputado opositor Williams Dávila, detenido el pasado 8 de agosto al término de una protesta poselectoral en Venezuela, fue trasladado a un centro de salud de Caracas «en estado grave», alertó este miércoles su hijo William Dávila, quien denunció «mucho hermetismo» de las autoridades respecto a la situación.
Según dijo a EFE su padre, de 73 años de edad, ingresó la noche del martes «con mucha fiebre» y «custodiado» por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), quienes -aseguró- «se lo querían llevar de una vez» al lugar donde está recluido, que siguen sin saber cuál es.
Sin embargo, prosiguió, «los médicos ordenaron que quedara hospitalizado» en el centro de salud, donde «siguen los del Sebin ahí custodiándolo», por lo que aún no han podido «tener acceso a él».
En X, Dávila exigió «respuestas inmediatas» sobre su padre y responsabilizó al Gobierno de Nicolás Maduro por «este atropello a los derechos humanos».
Plataforma Unitaria Democrática
«No es posible que sigamos viviendo bajo un régimen que permite tales atrocidades», agregó en la red social.
La principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- exigió este miércoles la «inmediata» liberación del dirigente antichavista, y expresó que «no garantizar los derechos humanos de los detenidos» constituye una violación.
El domingo, Dávila dijo a EFE que el exdiputado, intervenido quirúrgicamente «hace unos meses», debe tomar anticoagulantes a diario ante el riesgo de «tener complicaciones» relacionadas con la operación realizada.
Este arresto se concretó pese a que la normativa legal establece que las personas mayores de 70 años no pueden ser objeto de «privación judicial preventiva de libertad» y que, en caso de necesitarse alguna medida cautelar, se «decretará la detención domiciliaria o la reclusión en un centro especializado».
El Gobierno de Portugal exigió el viernes la «liberación inmediata e incondicional» de Dávila, tras recordar que el político tiene nacionalidad portuguesa y «fue detenido de forma arbitraria y con salud precaria».
Según el Ejecutivo venezolano, más de 2.400 personas han sido detenidas en el contexto de las protestas desatadas tras las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial dio la victoria a Maduro, lo que ha sido rechazado por la PUD y cuestionado por numerosos países y organizaciones internacionales.
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