La falta de fiscalización aduanera rigurosa en las zonas francas y la fragilidad de los intermediarios en las cadenas de suministro constituyen los principales factores que propician el auge del comercio ilícito en Centroamérica. Así lo advirtió la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit, por sus siglas en inglés), detallando que el contrabando regional abarca un amplio espectro que va desde el tabaco hasta los agroquímicos.
Los datos forman parte de la Evaluación del desempeño de Centroamérica en el Índice de Comercio Ilícito, un informe técnico presentado por el director general de Tracit, Jeffrey Hardy, en Ciudad de Panamá, durante un foro organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP).
Este indicador internacional evalúa el desempeño de 158 economías globales a través de seis categorías clave, entre las que destacan el entorno económico y tributario, el marco regulatorio, los niveles de corrupción, las políticas contra el blanqueo de capitales y el control soberano sobre las redes logísticas.
El mapa del contrabando en el istmo
De acuerdo con los resultados del índice, Costa Rica y Panamá se posicionan como las naciones con mejor desempeño institucional dentro del istmo. El territorio costarricense se ubica en el puesto 68 a escala mundial con una puntuación de 51,2 unidades, seguido por el mercado panameño en el peldaño 81 con 49,6 puntos.
Resto de la tabla centroamericana se configura de la siguiente manera:
El Salvador: Puesto 96 (45,8 puntos)
Belice: Puesto 103 (43,9 puntos)
Guatemala: Puesto 106 (43,1 puntos)
Honduras: Puesto 129 (39,3 puntos)
Nicaragua: Puesto 149 (33,3 puntos)
A nivel de América Latina, Uruguay sobresale como el país con los mejores estándares de protección al situarse en el puesto 22 global con 64,7 puntos. Por otra parte, la media mundial del estudio se tasó en 49,9 puntos sobre 100, una métrica que según Tracit evidencia que la mayoría de los gobiernos del mundo no cuentan con las herramientas idóneas para mitigar esta modalidad delictiva.
Debilidades en las Zonas Libres de Colón y Corozal
El documento técnico sostiene que el contrabando de bienes de consumo masivo —como alcohol, tabaco, piezas falsificadas y fármacos— opera mediante dinámicas interconectadas en red por todo el territorio regional. A esto se suman la minería y la tala ilegal de madera.
«Existen condiciones estructurales y deficiencias regulatorias que facilitan el comercio ilícito en toda Centroamérica. Entre ellas se cuentan las brechas en el monitoreo de la cadena de suministro, el uso indebido generalizado de las zonas francas, los altos niveles de actividad económica informal, la corrupción arraigada y una capacidad de control desigual», argumenta el texto.
El informe pone bajo la lupa complejos comerciales de gran envergadura como la Zona Libre de Colón (Panamá) —la más grande del continente americano— y la Zona Libre de Corozal (Belice). Los analistas explican que ambos centros logísticos procesan gigantescos volúmenes de reexportaciones bajo esquemas de mínima transparencia sobre el beneficiario final, sumado a una escasa inspección física de cargamentos de alto riesgo, como los licores destilados y los cigarrillos.
Para corregir estas vulnerabilidades, Tracit propuso como reforma urgente declarar de manera formal que todas las zonas francas queden supeditadas a la jurisdicción aduanera de cada Estado, otorgando a las autoridades plenos derechos legales para realizar inspecciones sin restricciones dentro de sus perímetros, almacenes y aduanas de acceso.
De electrónicos chinos a plaguicidas adulterados
El mercado negro centroamericano muestra una alta incidencia en la venta de cigarrillos y bebidas alcohólicas, compartiendo espacio con mercancías falsificadas, especialmente dispositivos electrónicos de consumo procedentes de China, Turquía y otros proveedores asiáticos.
La alerta epidemiológica y económica también se extiende al sector salud y agrícola, dada la proliferación de medicamentos ilícitos (como antibióticos, analgésicos y tratamientos dermatológicos), así como el flujo de fertilizantes, semillas y plaguicidas que ingresan al mercado de forma adulterada, robada o bajo etiquetado fraudulento.
A pesar de la gravedad del diagnóstico, Tracit rescató que las administraciones regionales muestran una mayor concienciación sobre el problema y han empezado a trazar cortafuegos institucionales. La alineación paulatina de los marcos regulatorios locales con los tratados internacionales de comercio transparente ofrece, según el organismo, una base jurídica inicial para elevar la resiliencia económica de la región frente a las mafias del contrabando.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
