Unos 700.000 extranjeros viven actualmente en situación de irregularidad en España, de los que alrededor de 600.000 proceden de América, según cálculos de un informe del centro español de análisis Funcas publicado este martes.
El documento explica que, a principios de 2023, ya residían en el país 686.111 personas en estas condiciones y la tendencia es creciente.
El dato de 2023 es un 32,67 % superior al de 2021, cuando la misma entidad lo situaba en 517.149 personas, y más de cinco veces superior a 2017, cuando contabilizaba 127.066 inmigrantes en situación irregular en España, un país que soporta una fuerte presión migratoria.
Y supone que aproximadamente el 17 % de los habitantes extranjeros ajenos a la UE u otros países europeos (Reino Unido, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) no disponen de documentación en regla.
Los datos se han obtenido de fuentes oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística y el número de extranjeros con autorización de estancia por estudios o residencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El informe señala que la población de nacionalidades no comunitarias ha crecido «sustancialmente» en España desde 2017, hasta alcanzar en 2023 un nuevo máximo de 4,1 millones de personas, y la estimación es que en 2024 se haya alcanzado un nuevo pico de casi 4,4 millones de inmigrantes de estos países.
Destacan nacionalidades americanas
Entre los extranjeros sin documentación en España, un país de 48 millones de habitantes, destacan las nacionalidades americanas (600.000 personas), según la estimaciones de Funcas, muy por delante de las europeas no comunitarias (alrededor de 51.000) y africanas (cerca de 35.000).
Funcas se refiere también a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en trámite por el Congreso español que plantea la regularización extraordinaria de los extranjeros que ya se encontrasen en territorio nacional antes del 1 de noviembre de 2021.
Los promotores de esta iniciativa, que consiguió más de 600.000 firmas de ciudadanos españoles de apoyo, cifran en unas 500.000 las personas que se beneficiarían de esta regularización, pero Funcas advierte de que, según sus datos, todavía habría unos 200.000 inmigrantes que se quedarían fuera.
Funcas entiende que el recurso a estos mecanismos de regularización extraordinaria -que ya se han puesto en marcha en ocho ocasiones en España entre 1985 y 2005- evidencia «un problema característico de la política migratoria española: la falta de planificación y proactividad».
Sugiere que estos cauces legales se complementen con «otras herramientas proactivas» que dirijan la inmigración hacia sectores del mercado laboral con escasez de trabajadores.
Esto facilitaría las llegadas de migrantes de forma regular y evitaría «que un porcentaje tan sustancial de ellos sufra periodos largos (y penosos) de irregularidad administrativa».
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