La organización venezolana Acceso a la Justicia afirmó que la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales aprobada por la Asamblea Nacional (AN), perjudica a los beneficiarios de asistencia humanitaria.
«El mayor perjuicio recae sobre las personas beneficiarias de la asistencia humanitaria y el acompañamiento que brindan las organizaciones de la sociedad civil», sostuvo la ONG.
Acceso a la Justicia añadió que la población en situación de mayor vulnerabilidad corre el «riesgo de perder el apoyo que le ofrecen las organizaciones».
La ONG indicó que, tras un análisis del texto, concluyó que la ley es una norma «prioritariamente punitiva, que incluye graves imprecisiones que permiten una aplicación arbitraria».
«Todo ello crea una situación de inseguridad jurídica que amenaza la existencia misma de organizaciones de la sociedad civil», dijo.
La ley prosiguió Acceso a la Justicia, suma «muchas y muy pesadas cargas» a las organizaciones sociales sin fines de lucro, «pero resta obligaciones estatales a efectos de garantizar derechos».
«El Gobierno venezolano aspira a destruir el tejido social, que es un patrimonio colectivo y que nos ha permitido resolver problemas que el Estado no alcanza a solventar», agregó.
El pasado 15 de agosto, la AN aprobó la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales que prevé la disolución judicial de estas agrupaciones que violen las disposiciones establecidas en la normativa.
Aportes económicos
Las ONG, de acuerdo a la nueva ley, tienen prohibido recibir aportes económicos destinados a organizaciones políticas o realizar aportes económicos a dichas formaciones, así como promover el «fascismo, la intolerancia o el odio».
Asimismo, establece como causales de disolución de estas asociaciones el incumplimiento de estas prohibiciones, declarado por decisión judicial, así como la falta de pago de cualquier multa impuesta «de conformidad con esta ley, una vez agotados los recursos judiciales disponibles».
Las ONG deberán, por ley, notificar «el financiamiento o donaciones» que reciban, a fin de «asegurar la licitud de los fondos», además de declarar las «donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes».
Corresponde al Ejecutivo el «seguimiento y control del cumplimiento» de los «deberes y prohibiciones» establecidos en la nueva legislación, para lo que, entre otras medidas, implementará y evaluará mecanismos que sirvan para estos fines.
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