Largas horas de “aguante” por los beneficios que se les adeudan, han pasado los accionistas de la Clase B de Sidor.

La organización Asosiderúrgico y la Comisión Única, representantes de 6.226 accionistas Clase B de la empresa CVG-Sidor, solicitaron formalizar la propuesta discutida en la reunión del jueves 8 de octubre de 2026.

Ambas instancias tramitaron esta petición mediante una comunicación entregada el viernes 16 de octubre ante la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), donde establecieron la necesidad inminente de reconocer el valor de 104,73 dólares estadounidenses por acción, con base en el precedente de 2008.

Negociaciones

En el marco de las negociaciones para la compraventa de estos títulos, la agrupación planteó dos puntos fundamentales. Primero, pidió formalizar el planteamiento de los representantes de la CVG durante la Mesa Técnica, quienes mencionaron un valor referencial de 70 dólares —o menos de 80 dólares— como precedente pagado en años anteriores.

Segundo, propuso adelantar una serie de encuentros entre las autoridades de la corporación, los directivos de Asosiderúrgico y los miembros de la Comisión Única para acelerar los acuerdos y dar respuesta a los titulares antes de la próxima Mesa Técnica. La Consultoría Jurídica de la CVG reprogramó esta cita —pautada originalmente para el jueves 12 de noviembre— para el jueves 19 de noviembre de 2026.

A través de un comunicado, la agrupación detalló que estas gestiones buscan concretar la negociación y efectuar el pago monetario a todos los accionistas Clase B antes de que finalice diciembre de 2026. «Es nuestra expresa solicitud», enfatizaron los voceros.

Respaldo de las asambleas y el precedente de 2008

El presidente de Asosiderúrgico, Hermes Rodríguez, informó sobre la realización de diversas asambleas de accionistas en Upata, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz y San Félix. Durante estos encuentros, los asistentes ratificaron la urgencia de reconocer el valor de 104,73 dólares por acción, sustentado en el antecedente de 2008, el blindaje legal del reclamo y los daños patrimoniales causados, a los que hoy se suma una grave crisis social y humana.

Rodríguez explicó que, tras evaluar el avance de las negociaciones y las propuestas en mesa, la Asamblea General de Accionistas Clase B —máxima autoridad del sector— decidió de manera unificada e irrefutable exigir al Estado venezolano el pago de 104,73 dólares por título.

Este monto corresponde a la liquidación que recibió en 2008 el consorcio argentino Amazonia-Ternium, al cual el Estado canceló más de 1.970 millones de dólares por sus 19 millones de acciones Clase A, equivalentes al 59,7 % del capital total de la siderúrgica en aquel momento.

Con base en este antecedente histórico, el dirigente gremial subrayó que los trabajadores venezolanos exigen recibir su pago en los mismos términos y condiciones que favorecieron a la transnacional.

El reclamo se ampara en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que obliga al Estado a garantizar condiciones reales de igualdad y proteger a las personas vulnerables, así como en las leyes laborales y mercantiles vigentes, dado que los trabajadores expresaron públicamente su voluntad de separación mercantil en aquella oportunidad.

Sustento jurídico y valoración de los activos

Al analizar la base legal del reclamo, la organización destaca que el Estado venezolano, a través de la CVG, debe garantizar los derechos de los débiles jurídicos frente a cualquier transnacional, aplicando el mismo trato mercantil y el precio de 104,73 dólares otorgado al grupo Amazonia.

Asimismo, la agrupación recuerda tres argumentos clave: la manifestación expresa de venta realizada desde 2008; el peritaje efectuado a los activos de la empresa en ese año, que fijó el mismo valor de 104,73 dólares para las acciones Clase A, B y C sin distinción (pues las letras solo identificaban la titularidad); y la existencia de un punto de cuenta presentado al entonces presidente Hugo Chávez, donde avaló el principio de igualdad de condiciones.

De igual manera, el directivo recordó que Sidor, en cumplimiento del artículo 282 del Código de Comercio, elaboró, presentó y aprobó su último estado contable en 2008 con el aval de un auditor externo que cuantificó los activos de la compañía.

Esta norma establece que los socios que no convengan en el cambio de objeto de la sociedad tienen derecho a separarse y obtener el reembolso de sus acciones en proporción al activo social según el último balance aprobado, lo que otorga pleno respaldo legal a la exigencia de pago sin más dilaciones tras 18 años de espera.

Emergencia humanitaria

Para cerrar el balance informativo, Rodríguez destacó que, desde la instalación de la Mesa Técnica, los representantes fijaron el valor de 104,73 dólares como punto de partida. A lo largo del proceso, la organización consignó más de 70 documentos ante diversas instituciones del Estado y suscribió más de 30 minutas junto a la CVG.

No obstante, el dirigente alertó sobre el grave drama humano que atraviesa el sector, integrado en su mayoría por adultos mayores con edades comprendidas entre los 70 y los 90 años. El incumplimiento de estos compromisos mercantiles durante casi dos décadas deterioró severamente la salud y calidad de vida de más de 6.000 accionistas, y cobró la vida de más de 1.000 titulares cuyos herederos aún esperan justicia.

Muchos de los sobrevivientes padecen patologías críticas —como párkinson, insuficiencia renal crónica que requiere diálisis, discapacidades y amputaciones— agravadas por la imposibilidad de disponer de su patrimonio.

Por ello, la organización exige el respeto a los derechos humanos y la aplicación inmediata de la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores (específicamente en sus artículos 1, 2, 5, 7, 12 numeral 3, 24 y 28), en concordancia con los artículos 80, 86 y 112 de la Constitución Nacional.

Llamado a la voluntad política

A pesar de sostener la fundamentación irrefutable del valor de 104,73 dólares por acción, Rodríguez aclaró que, en esta etapa final de la negociación, la dirigencia evaluará las propuestas de pago inmediato que presente el Estado, siempre y cuando la Asamblea General de Accionistas Clase B las discuta y apruebe antes de culminar el año 2026.

Finalmente, la directiva convocó a todos los accionistas a mantenerse activos en las asambleas para respaldar la gestión unificada de Asosiderúrgico y la Comisión Única.

«Quedamos a la espera de la voluntad política necesaria por parte del ciudadano ministro y presidente de la CVG, Dr. Héctor Silva, para que de manera definitiva e inmediata nos brinde una respuesta concreta que permita honrar estos compromisos con nuestros trabajadores, jubilados y pensionados», concluyó el comunicado.

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