Un polémico congreso propalestino que pretende denunciar el apoyo alemán a Israel arranca este viernes en Berlín, vigilado por un dispositivo de 2.500 agentes de policía con instrucciones de intervenir ante cualquier señal de que se puedan estar cometiendo delitos de carácter antisemita.
Un portavoz del Ministerio del Interior, Maximilian Kall, recordó hoy en una comparecencia que tanto el grupo islamista Hamás como la organización de apoyo a los presos palestinos Samidoun están prohibidos en Alemania, por lo que la policía puede intervenir en caso de que se produzcan exaltaciones o actos de propaganda.
El congreso, en el que participarán activistas y políticos de todo el mundo e intervendrá este sábado la cabeza de lista de Podemos al Parlamento Europeo y exministra de Igualdad española, Irene Montero, tiene como objetivo denunciar el apoyo a ultranza del Gobierno alemán a Israel.
En un vídeo publicado en redes sociales, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, envió este viernes su «apoyo y solidaridad» a los organizadores del congreso y manifestó su condena a los «actos de censura y represión» que están sufriendo, según dijo, por parte de medios y autoridades.
El «genocidio» que Israel está cometiendo en Gaza no sería posible sin el apoyo «cómplice y directo» de países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, aseveró.
Pero, dado que es «imposible ocultar la magnitud de las atrocidades» cometidas por Israel, continuó, no es suficiente con los esfuerzos por manipular a la opinión pública a través de los medios de comunicación, sino que también intentan «acallar la voz de la disidencia» a través de «manidas acusaciones de antisemitismo».
Por ello, Belarra pidió una movilización de la sociedad civil, así como «aislar internacionalmente a quienes sirven de cómplices».
El exministro de Finanzas griego y líder del partido izquierdista paneuropeo DiEM25, Yanis Varufakis, que también intervendrá en el evento, recalcó por su parte que éste ofrece «una magnifica oportunidad» para que la opinión pública alemana acepte que «dos males no hacen un bien».
«La complicidad en el genocidio de los palestinos no sirve para limpiarnos de la culpa por el Holocausto», afirmó, en un mensaje en sus redes sociales.
Según los organizadores, el propósito del evento es «denunciar el apartheid y el genocidio israelíes y la complicidad alemana» y, a través de una serie de talleres y charlas, adoptar «pasos prácticos» para realizar acciones en entornos como el trabajo, las universidades y el mundo de la cultura.
Hasta este viernes no dieron a conocer por razones de seguridad el emplazamiento, en una zona industrial del sur de Berlín y cuyas calles de acceso quedaron bajo vigilancia de un fuerte dispositivo policial.
Llamados a prohibir el congreso
El evento se ha convertido en objeto de una gran polémica en Alemania -donde todas las expresiones de apoyo a la causa palestina están sometidas a un minucioso escrutinio en busca de elementos antisemitas- y algunos medios locales de Berlín se refieren a él desde hace semanas como el «congreso de odiadores de Israel».
Un manifiesto firmado por diputados de todos los partidos con representación parlamentaria con excepción de la ultraderecha y por organizaciones de la sociedad civil, publicado este miércoles, afirma que «Berlín no puede convertirse en un centro del enaltecimiento del terror».
El breve comunicado manifiesta que «se teme» que el evento se convierta en escenario de «enaltecimiento del terrorismo, llamamientos a la destrucción de Israel, cooperación con personas de organizaciones terroristas y una ulterior radicalización del antisemitismo».
También el presidente del Consejo Central de los Judíos de Alemania, Josef Schuster, condenó en la red social X el congreso como «espectáculo de antisionismo», mientras que la Comunidad Judía de Berlín pidió la prohibición del evento y que se impidiera la entrada al país de los «apologetas de Hamás».
La abogada de los organizadores del congreso, Nadija Semour, denunció en declaraciones al medio izquierdista «Junge Welt» las presiones recibidas para cancelar el evento.
«Miraron debajo de cada piedra para ver si en el espacio (alquilado) había algún tipo de riesgo de incendios. Se ejerció una presión extrema sobre el arrendador», explicó y habló de «una violencia burocrática como solo existe en Alemania».
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