Desde la sede de la Asociación de Comerciantes e Industriales de San Félix (Asocomercio) en la avenida Dalla Costa, se desarrolló el encuentro con el sector empresarial del municipio Caroní, en el cual afiliados, comerciantes y afines efectuaron propuestas sobre la prestación del aseo urbano y relleno sanitario por parte de Fospuca.
Miguel Gómez, presidente de Asocomercio llamó a la unión para solucionar la situación. Dado que esto no solo ha ocurrido en Caroní, sino, en otros estados y municipios, en los que se han obtenido acuerdos positivos.
“Esto nos afecta a todos (…). Estamos dispuestos a pagar un monto justo por el aseo urbano, enmarcado en la Ley de Gestión Integral de la Basura”, indicó.
Profundizó en la necesidad de establecer costos accesibles, aislado de la variable utilizada por metro cuadrado que rechaza el sector empresarial.
“La misma comunidad está afectada. Una feria de hortalizas o comida paga 1.500$ y tiene que incrementar para poder meter ese precio a la estructura de costo y, eso va al consumidor final”.
Gómez aseguró que tomarán acciones legales en caso de no obtener respuestas.
“Estamos dispuestos a sentarnos en una mesa técnica con las autoridades de la Alcaldía de Caroní para buscar un beneficio que sea por el bien de todos”, señaló.
Entre los ponentes estuvo Aliana Estrada, concejal de Caroní y Camilo Londo, asesor tributario permanente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras).
Al acto también asistió Austerio González, presidente de Fedecámaras Bolívar y demás miembros de asociaciones y cámaras del estado.
Recordando que desde noviembre del 2022 diversos empresarios de la ciudad han manifestado su descontento por las tarifas que oscilan entre uno a 1.500 dólares.
Deberes y derechos
Londo, destacó que ha habido un proceso de planificación para que esto sea posible – la operatividad de Fospuca – dados sus derechos y deberes.
“El Estado puede meter la mano al bolsillo con tasas, contribuciones e impuestos, porque nosotros le hemos dado esa potestad; pero, entonces los mismos ciudadanos hemos establecido una serie de condiciones”.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 316 que: “el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población”.
Aseveró que los municipios pueden establecer tasas, pero no impuestos. Tasa que en marzo del año 2022 cambió de nombre a “tarifa”; “contribuyente de ordenanza” a “usuario”; “base imponible” a “base de cálculo” y de “hecho imponible” a “prestación de servicio”.
El especialista denunció el bloqueo del portal web de Tributos Municipales, impidiendo la cancelación de impuestos y la falta de transparencia.
Solicitudes
La concejal del municipio, Aliana Estrada afirmó que están convencidos de un cambio en el modelo de servicios públicos. Así como, resaltó que las tarifas son inconsultas e inconstitucionales.
“Es importante que sepan que nosotros hemos hecho solicitudes al alcalde, pero no nos han dado respuesta”.
Según Estrada, la ordenanza no planteó el control de toneladas de basura que entran o salen del relleno sanitario. Así como, no se definió el prestador del servicio domiciliario y comercial.
“Aquí metieron preso a un montón de gente por quemar basura y, resulta que la ordenanza en el artículo 14 dice que puedo tener un incinerador en mi casa”.
Por otra parte, comentó que se propuso la creación de una comisión mixta para atender los tipos de casos. Asimismo, expuso que es necesaria la ampliación del catastro.
Añadió que el contrato tiene un precio base de 135 millones 957 mil 403 bolívares por 12 meses y solo se recibió una oferta en la licitación pública.
Nota de Prensa
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