Bolivia amaneció este jueves con incertidumbre, filas largas en las gasolineras y amenazas de protestas sociales tras el anuncio del presidente Rodrigo Paz de retirar la subvención de combustibles, junto con otras medidas ante la crisis económica que vive el país.
Las filas de vehículos en las estaciones de servicio se formaron desde la noche del miércoles, tras el mensaje televisado de Paz, en el que anunció el decreto que levanta la subvención de gasolinas y diésel, que durante dos décadas se vendieron a precios subvencionados cercanos a los 0,53 dólares.
Las primeras reacciones contrarias surgieron entre los sindicatos de transportistas, como el Transporte Libre de La Paz, cuyo dirigente, Limbert Tancara, señaló que los conductores están «muy dolidos» y decidieron subir el costo del pasaje de transporte público, así como los taxis de ruta fija o «trufis». Tancara aseguró que su sector coordina con otros sindicatos para «hacer una manifestación conjunta» en contra de la medida.
En otras regiones, los transportistas anunciaron reuniones para analizar las medidas gubernamentales, mientras que la Central Obrera Boliviana (COB) convocó un encuentro de emergencia para evaluar acciones contra lo que consideró un «gasolinazo».
Paz justificó la medida por la «emergencia económica, financiera, energética y social» que enfrenta el país, con un «déficit gigantesco y reservas agotadas».
MAS
El decreto establece nuevos precios, la gasolina especial costará 6,96 bolivianos por litro, la premium 11 bolivianos y el diésel 9,80 bolivianos, manteniéndose el precio de la garrafa de gas licuado en 22,50 bolivianos.
Desde enero, el salario mínimo subirá un 20%, de 2.750 a 3.300 bolivianos, y se revisará anualmente según la inflación.
El exsenador del MAS, Andrónico Rodríguez, rechazó las medidas, mientras el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, las consideró «difíciles pero necesarias».
La importación de combustibles entre enero y octubre demandó un gasto de 2.358 millones de dólares, y la subvención anual representa más de 2.000 millones de dólares para el Estado.
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