La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este miércoles la otorgación de medidas cautelares a favor del excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez y otros tres ciudadanos, al considerar que se encuentran en una situación «de gravedad y urgencia» debido al riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida, integridad personal y salud en Venezuela.
Márquez, de 62 años, quien participó en las elecciones presidenciales de julio de 2024, se encuentra detenido desde el 7 de enero tras ser interceptado por cuatro hombres armados y vestidos de civil, según la resolución. La CIDH señaló la falta de comunicación con sus familiares y ausencia de información sobre sus condiciones de detención y estado de salud.
Además, la resolución incluye a los ciudadanos Macario Bonifacio González Arias, exdiputado y exalcalde del estado Lara, cuya ubicación se desconoce desde su detención en septiembre, a su núcleo familiar (hija y nieta), así como a Merys Torres de Sequea y Ana Zoris Gutiérrez Torres, en similar situación.
La CIDH destacó la «imposibilidad» de familiares y representantes para activar acciones internas efectivas que protejan los derechos de estas personas y exigió al Estado venezolano informar sobre la custodia, lugar, motivo y circunstancias de las detenciones, facilitar la comunicación con familiares y abogados, y garantizar la atención médica oportuna y especializada.
Foro Penal
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón reporta 1.080 presos políticos en Venezuela, con 224 pertenecientes a organizaciones políticas y 564 a la sociedad civil. Por su parte, Foro Penal contabiliza hasta noviembre 882 presos políticos y señala que se desconoce el paradero de 59 personas.
El Gobierno venezolano y el fiscal general, Tarek William Saab, niegan la existencia de presos políticos, sosteniendo que se trata de ciudadanos acusados de delitos comunes, postura rechazada tanto por ONG como por líderes opositores.
Esta medida cautelar de la CIDH resalta la crítica situación de derechos humanos y la urgente necesidad de garantizar la protección de personas en contextos de detención en Venezuela.
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