Un total de 371 científicos y expertos en ciberseguridad, incluyendo a destacados académicos españoles del CSIC y diversas universidades, han manifestado su profunda preocupación ante la adopción apresurada de sistemas de verificación de edad en la red.
A través de una carta abierta, el colectivo solicita una pausa inmediata en la implementación de estas herramientas hasta que se demuestre su viabilidad técnica y se evalúen sus impactos en los derechos fundamentales.
Aunque los firmantes comparten el objetivo de proteger a la infancia frente a contenidos nocivos, sostienen que las soluciones actuales son fácilmente vulnerables mediante el uso de redes VPN, cuentas de terceros o inteligencia artificial, lo que genera una falsa sensación de seguridad sin resolver el problema de raíz.
El manifiesto incide en que una verificación realmente robusta requeriría una infraestructura global basada en certificados gubernamentales y criptografía avanzada, algo que consideran poco probable de lograr a corto plazo de forma interoperable.
Además, alertan sobre un posible «efecto desplazamiento», donde los usuarios bloqueados terminen migrando hacia plataformas menos reguladas y mucho más peligrosas.
Falta de evidencia
Los investigadores subrayan también la falta de evidencia científica que vincule la prohibición de acceso a servicios digitales con una mejora directa en la salud mental de los menores, sugiriendo que el enfoque punitivo podría ser contraproducente.
Desde el punto de vista de la privacidad, el colectivo advierte que estos métodos suelen exigir una recopilación masiva de datos biométricos y análisis de conducta que aumentan el riesgo de filtraciones masivas.
Asimismo, denuncian que las tecnologías basadas en IA pueden perpetuar sesgos discriminatorios contra minorías y excluir a colectivos con baja alfabetización digital o sin dispositivos compatibles.
Como alternativa a los controles generalizados, los expertos proponen centrar los esfuerzos en regular los algoritmos de las redes sociales, reforzar las herramientas de control parental y abordar las causas estructurales del daño digital mediante soluciones menos invasivas y más equitativas.
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