En su más reciente informe presentado este martes, Amnistía Internacional (AI) calificó a Colombia y Venezuela como dos de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos. La organización alertó que, mientras Colombia sufre los estragos de un conflicto armado que no cesa, en Venezuela se consolida un sistema de represión estatal que asfixia el espacio cívico.
AI expresó una profunda preocupación respecto a la política de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro. Según el organismo, las garantías de verdad, justicia y reparación para las víctimas no mostraron claridad durante 2025, un año marcado por la violencia letal.
Cifras alarmantes: El programa Somos Defensores reportó 165 asesinatos de líderes y defensores en 2025, la cifra más alta bajo la actual administración.
Víctimas en aumento: Una quinta parte de la población (más de nueve millones de personas) es víctima del conflicto. En el último año, miles de campesinos, indígenas y afrodescendientes se sumaron a la lista de afectados por desplazamientos y confinamientos.
«La comunidad internacional no puede dar la espalda a esta crisis que priva a niños y niñas del acceso a la salud y la educación», afirmó Camilo Vargas, vocero de AI para Colombia.
Venezuela: Represión y justicia instrumentalizada
Por su parte, Nastassja Rojas, directora de AI Venezuela, señaló que en el país vecino persiste un patrón estructural de violación de derechos humanos que utiliza al sistema judicial y a los cuerpos de seguridad como herramientas de castigo.
Detenciones y desapariciones: A pesar de la intervención de actores internacionales a principios de 2026, persisten más de 400 detenciones arbitrarias. AI mantiene un registro de 63 personas desaparecidas forzosamente.
Persecución sin fronteras: El informe destacó el caso de Yendri Velásquez, defensor venezolano que, tras huir a Bogotá por detenciones forzadas en su país, sufrió un atentado sicarial que casi le cuesta la vida en suelo colombiano.
Conclusión regional
Para Amnistía Internacional, el uso de la fuerza letal y el control social mediante leyes restrictivas están silenciando a la disidencia en ambos países. La organización instó a los gobiernos a detener la estigmatización de los defensores y a garantizar que los procesos judiciales no sean utilizados como armas políticas.
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