La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) tiene programado emitir su veredicto el próximo 1 de marzo en respuesta al recurso presentado por el Gobierno venezolano, el cual busca revertir la autorización otorgada por otra Sala del mismo tribunal que permitió al fiscal Karim Khan reanudar las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país suramericano.
El magistrado Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones, ha convocado a los representantes de la Fiscalía de la CPI, del Estado venezolano y de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (Opcv) para una audiencia dedicada exclusivamente a anunciar el veredicto. Si bien el contenido de la decisión es desconocido, se plantean cuatro posibles escenarios, según Transparencia Internacional.
En primer lugar, la Sala de Apelaciones podría confirmar la autorización previa que permitió a la Fiscalía continuar sus investigaciones. Este escenario permitiría a Karim Khan seguir identificando a los presuntos responsables de los crímenes de lesa humanidad. En segundo lugar, podrían revertir o anular la decisión, lo que detendría la labor de Khan en relación con Venezuela.
Otras opciones incluyen modificar el dictamen original o enviar el caso de nuevo a la Sala de Cuestiones Preliminares para una revisión adicional. Estos dos últimos escenarios serían aplicables en caso de identificarse errores o fallas formales en el proceso.
El veredicto de la CPI tendrá implicaciones significativas en el desarrollo de las investigaciones y en la percepción internacional sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Argumentos del Gobierno venezolano
Las autoridades venezolanas denuncian que la Fiscalía de la CPI, primer lugar; y luego la Sala de Cuestiones Preliminares incurrieron en al menos cinco irregularidades en este caso. En primera instancia, aseguran que no les ha sido informado cuáles son los casos que están en investigación.
En segunda instancia, el Gobierno venezolano expone que les ha sido vulnerado su derecho a la defensa, ante la negativa de la CPI de aceptar unos documentos emitidos únicamente en español. Luego, las autoridades del país petrolero dudan de la información que maneja el fiscal Khan.
Por último, las autoridades rechazan que se les exija investigar situaciones no previstas en el ordenamiento jurídico, como lo es el delito de persecución, pero además rechazan hablar de crímenes de lesa humanidad en general, según Transparencia Venezuela.
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