En el primer trimestre de 2023 se registraron 219 posibles violaciones al cese al fuego bilateral alcanzado entre el Gobierno y cuatro grupos armados colombianos, según el más reciente informe de la Coordinadora Humanitaria, conformada por más de 700 organizaciones sociales.
La Coordinadora presentó este martes el primer informe de seguimiento y balance del contexto humanitario nacional enmarcado en la revisión de cumplimiento del cese el fuego, anunciado el pasado 31 de diciembre por el presidente Gustavo Petro.
Este cese al fuego involucra a los dos grupos disidentes de las extintas FARC -el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia-, a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -con quien el Gobierno levantó el alto el fuego- y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
El informe analiza las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y las graves violaciones a los Derechos Humanos, entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2023, cuando se produjeron 318 eventos violentos, de los cuales 219 son posibles violaciones al cese al fuego.
«El informe es el resultado de un trabajo de presencia en 16 territorios en los cuales se está reactivando el conflicto armado y en los cuales viven alrededor de unos 10 millones de personas», explicó el expresidente Ernesto Samper, fundador de Vivamos Humanos, una de las organizaciones de la Coordinadora.
Para la presentación de este documento se desplazaron unos 70 líderes sociales de todos los territorios en los que tiene presencia la Coordinadora y, reunidos en Bogotá, estuvieron acompañados por delegaciones de la comunidad internacional y de Naciones Unidas.
Conflicto en los territorios
Los cuatro territorios en donde se presentaron mayores eventos violentos fueron Caribe (47 eventos), Cauca (45 eventos), Antioquia y Arauca (30 eventos).
Otros lugares como Catatumbo (24 eventos) y Nariño (23 eventos) también representan un impacto significativo, señala el informe presentado este martes.
Las afectaciones más frecuentes son desplazamientos masivos y confinamientos producto de enfrentamientos entre actores armados y acciones hostiles, aunque para enero de 2023 se registró un incremento en las amenazas individuales y colectivas, así como restricciones a la movilidad de la población.
En relación con las acciones violentas, se identifica como responsables en primer lugar las AGC, con el 31,8 %; seguido del Estado Mayor Central, con 24,2 %; el ELN, con 18,5 %, y Segunda Marquetalia, con el 4,7 %.
El trabajo de la Coordinadora, que se reúne por tercera vez desde su fundación en 2021, se recogerá en una página web, presentada este martes, que bajo el nombre de «Reporte Humanitario» en tiempo real se va a medir los eventos violentos en Colombia y tendrá filtros por territorio o por hecho violento, ya sea violación al cese al fuego o acción violenta.
Peticiones al Gobierno
En este contexto, la Coordinadora Humanitaria pidió al Gobierno colombiano «articular y dialogar con los procesos y espacios de participación territorial existentes», así como «avanzar en la búsqueda de diálogos humanitarios» con los grupos armados que propicien ceses al fuego.
Además, Samper abogó por una «humanización del conflicto» que garantice la protección de la población civil y la participación social en las negociaciones que de adelantan con los grupos armados.
Por eso defendió que «se hagan unos acuerdos de humanización o acuerdos humanitarios y que la las organizaciones sociales ayuden a construir el acuerdo de paz».
En conclusión y en palabras del expresidente Samper, urgen a las partes que negocian la paz a incluir el tema de la protección humanitaria como uno de los aspectos fundamentales en los acuerdos de cese el fuego.
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