Los miembros de la Asociación Civil «Villa Upata», ubicada en la UD–327 en la parroquia Unare de Puerto Ordaz, denunciaron que desde hace cuatro meses dejaron de ser propietarios de sus terrenos, de acuerdo a unas supuestas órdenes impuestas por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Carlos Valor, miembro de la asociación y habitante de la comunidad, dijo que «la doctora María Valencia, directora del Registro Público del municipio Caroní, informó que la CVG dio la orden de no reconocernos como propietarios de las tierras».
Valor alegó que presuntamente, bajo lineamientos de la Superintendencia de Administración Tributaria de Caroní, desde su departamento de bienes e inmuebles ordenaron detener todas las actas pertenecientes a las asociaciones civiles.
«Asumimos que fue cierto, porque la señora Valencia nunca nos ha dado una respuesta por escrito y entendemos que quizás existan asociaciones civiles que se encuentren en terreno del estado», explicó.
Sin embargo, señaló que la comunidad de Villa Upata es perteneciente a las asociaciones civiles y esta recibe órdenes de los asociados.
Todos los años, la doctora Valencia «nos firma» un acta para actualizar quienes continúan en la asociación, pero esta vez «se negó a firmárnosla», aseguró Carlos.
«Como alguien que dirige una institución, me va a pedir que yo reciba órdenes de la CVG, sabiendo que la tierra es mía, donde el parcelamiento, que ella misma registró junto a las actas, no acepte que nosotros somos dueños de las tierras», insistió.
Sin respuestas de las autoridades
Nueva Prensa Digital se intentó comunicar con la doctora María Valencia para que diera a conocer su versión sobre las denuncias realizadas, y así esclarecer la situación. Pero, se encontraba fuera de la zona por un asunto personal, impidiendo concretar una reunión con ella.
Asimismo, también se trató de comunicar con el segundo al mando del Registro Público del municipio Caroní, sin lograr ningún tipo de contacto.
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