Diosdado Cabello, primer vicepresidente el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró que este martes la Asamblea Nacional (AN) aprobará en segunda discusión la ley para la fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Venezuela y afines.
«Luego de largos debates, de largas consultas populares, debería estar siendo aprobada en segunda discusión la ley para el control del financiamiento y organización de las llamadas ONG, supuestas organizaciones no gubernamentales», dijo durante una rueda de prensa del partido.
Acusó nuevamente a las ONG venezolanas de recibir dinero del gobierno de Estados Unidos con el objetivo de desestabilizar el país y lucrarse.
«Quienes reciben dinero del extranjero saldrán chillando, pero que quien no la debe, no la teme», dijo.
Cada ONG debe estar registrada
Cabello reiteró que tras la aprobación de esta ley, todas las ONG deberán registrarse en un sistema diseñado por el Estado para explicar de dónde vienen los fondos y en qué los invierten.
«Van a tener que registrarse allí, van a tener que explicar de dónde vienen los fondos, van a tener que decir cómo gastan los fondos y es una deuda que tenemos nosotros histórica de aprobar esa ley para poner las cosas a nivel», manifestó Cabello.
Señaló que desde el Estado venezolano ayudarán al gobierno de Estados Unidos para que usen bien la plata y recibir estafas de estas organizaciones.
“Esa ley se aprueba mañana y saldrán muchas cosas. Más que el financiamiento es el robo descarado que ellos han hecho. ¿Se acuerdan de la ayuda humanitaria desde Colombia? Gaby Arellano, José Manuel Olivares, el señor que se fue al hotel, se chuparon ese dinero”, acusó.
Cabello hizo el anuncio al responder una pregunta de VTV sobre el supuesto financiamiento que estaría recibiendo la candidatura unitaria de Edmundo González Urrutia por parte de Estados Unidos.
La ley contra las ONG está aprobada en primera discusión desde enero del 2023. Un año después, el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, ordenó retomar la discusión del proyecto de ley para aprobarla definitivamente.
Las ONG han denunciado que el instrumento legal contempla, entre otras cosas, que un juzgado puede ordenar la disolución definitiva de una organización si se comprueba que: recibe aportes destinados a organizaciones con fines políticos, realiza actividades políticas, promueve o permite actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República, cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana.
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