La Cámara de Diputados de México aprobó un dictamen que establece que el Instituto Nacional de Migración, además de los lugares destinados al tránsito internacional de personas establecidos, podrá llevar a cabo revisiones de carácter migratorio dentro del territorio mexicano para comprobar la situación migratoria de los extranjeros.
El documento que adiciona un tercer párrafo al artículo 97 de la Ley de Migración, lo apoyaron 460 votos a favor y posteriormente se envió al Senado mexicano para sus efectos constitucionales.
La diputada Elvia Yolanda Martínez, del partido Movimiento Ciudadano, explicó en un comunicado que esta reforma «busca garantizar que las revisiones migratorias sean realizadas de conformidad con lo que establece el INM con el pleno respeto de los derechos humanos».
Recordó que ante las medidas migratorias de Estados Unidos se modificó el transitar de los migrantes, quienes lo hacen a través de caravanas a pie y en autobús.
«Por lo que las detenciones de autobuses de transporte público por parte de las autoridades mexicanas dieron pie a otra forma de traslado como cajas de tráileres improvisadas con los riesgos de hacinamiento e intoxicación que esto provoca», indicó.
Migración: principal reto
Por su parte, el diputado del gobernante Movimiento Regeneración Nacional Miguel Ángel, quien promovió la iniciativa, comentó que «el fenómeno migratorio en los recientes tiempos ha sido uno de los principales retos», debido a que México es «un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, por lo que amerita acciones contundentes por parte del Gobierno federal».
Señaló que México se adhirió al pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular, adquiriendo el compromiso internacional de fortalecer la política para que las personas puedan moverse hacia y desde México de forma segura, ordenada y regular.
Además, enfatizó que este dictamen «busca homologar la ley con las acciones emprendidas y los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano».
El diputado señaló que el acto de la revisión migratoria «no es discriminatorio, sino que su aplicación puede llegar a serlo y por tal motivo se propone que las revisiones migratorias se realicen bajo protocolos que garanticen los derechos humanos y den certeza a las personas y servidores públicos».
La región vive un flujo migratorio récord, con 2,76 millones de personas indocumentadas detenidas en la frontera de EE.UU. con México en el año fiscal 2022.
Las autoridades de México y Estados Unidos deportaron a más de 196.300 ciudadanos centroamericanos en 2022, entre ellos más de 35.000 niños y adolescentes, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones.
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