Washington.- Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a una jueza y un fiscal venezolanos que participaron en noviembre en un juicio que resultó en condenas a prisión para seis exdirectivos de la mayor filial de la estatal petrolera PDVSA en Estados Unidos, Citgo.

Las sanciones afectan a la jueza Lorena Carolina Cornielles Ruiz, que presidió el proceso en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, y al fiscal Ramón Antonio Torres Espinoza, que «representó al régimen ilegítimo de (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro», afirmó en un comunicado el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo.

«Estos dos funcionarios desempeñaron papeles cruciales en la farsa de juicio de cada uno de los ejecutivos de Citgo. Los procesos estuvieron lastrados por una falta de garantías de juicio justo y basados en cargos políticamente motivados», aseguró Pompeo.

El titular de Exteriores agregó que a los medios de comunicación y a grupos defensores de los derechos humanos «se les negó el acceso a los juicios», e instó a Maduro a «liberar» a los condenados.

Como consecuencia de las sanciones, impuestas por el Departamento del Tesoro, cualquier propiedad o activo de la jueza o del fiscal bajo jurisdicción de Estados Unidos quedan bloqueados, y se prohíbe a los estadounidenses efectuar transacciones con ellos.

El TSJ venezolano condenó a finales de noviembre a 13 años y siete meses de prisión al expresidente de Citgo José Ángel Pereira Ruimwyk, por «peculado doloso propio y concierto de funcionario con contratista», así como por «delito de asociación para delinquir».

Además, condenó a ocho años y 10 meses a otros cinco directivos de esa empresa -Tomeu Vadell Recalde, Jorge Luis Toledo Kohury, Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona, José Luis Zambrano Colina y Alirio José Zambrano Colina- por «concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir».

Los seis exejecutivos fueron detenidos hace tres años en Venezuela y el Gobierno de Maduro les acusó de haber firmado contratos que «comprometían el patrimonio nacional y el futuro» de la filial de PDVSA «sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional».

Citgo está bajo el control del líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países como presidente legítimo de Venezuela, y el Gobierno de Estados Unidos ha ampliado hasta julio de 2021 la protección a esa compañía, ante la posibilidad de una incautación por parte de los acreedores de PDVSA.

El control de Citgo está en el medio de la pugna entre el oficialismo y la oposición: mientras que las autoridades de Estados Unidos reconocen a la junta directiva ad hoc nombrada por la Asamblea Nacional, el Gobierno de Nicolás Maduro acusa a los opositores de apropiarse de un activo estatal.

 

EFE

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