Amazonas.- El tribunales de la Jurisdicción Especial Indígena, organizaciones y habitantes de 29 comunidades Huwottujas y multiétnicas de la cuenca del río Cataniapo, reiteraron su posición en contra de la presencia de grupos de civiles armados en los territorios que ocupan ancestralmente, donde se encuentran comunidades desde San Pedro y San Pablo hasta San Rafael de Manuare.
Mediante la decisión del Tribunal Superior de Jurisdicción Especial Indígena Huottoja de Las Pavas, y de la Organización Pueblo Unido Huottuja de la cuenca del río Cataniapo, reiteran su intención de vivir en paz y no con grupos armados en sus territorios y por lo cual se pronuncian en total desacuerdo con la consulta que se está dando por parte del grupo irregular denominado FARC.
En el documento los indígenas manifiestan su total descontento con que algunas comunidades pretendan involucrarse a trabajar con fuerzas irregulares en su territorio, así como la aceptación de éstos por parte de personas no indígenas que habitan en algunas de las comunidades.
Ratificaron que solamente las autoridades tradicionales y las organizaciones indígenas tienen la potestad de decidir sobre el territorio y que las autoridades de entes políticos como Consejos Comunales, Clap, Comunas entre otros, no tienen derecho a aceptar o decidir si una fuerza irregular entra o permanece en el territorio indígena.
Esta decisión fue remitida al Circuito Judicial del estado Amazonas, Ministerio de los Pueblos Indígenas, Fiscalía Superior del estado Amazonas, Defensoría del Pueblo, ORPIA y a la oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, para ser tomada en consideración, y se le otorgue carácter vinculante para casos similares, además de darle cumplimiento como un mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico venezolano y como sistema de justicia propia de los pueblos y comunidades indígenas en aplicación de sus usos y costumbres.
Juan Alberto Díaz, abogado indígena señaló “que cuando visitan las comunidades, los miembros del grupo FARC alegan tener un convenio con el gobierno nacional”, del cual no muestran ninguna constancia.
El abogado enfatizó que aun cuando los supuestos irregulares tengan algún convenio con el gobierno, como dicen, las comunidades no aceptan su presencia ya que violarían sus derechos, usos y costumbres.
Se emitió un pronunciamiento público a la defensora delegada del Pueblo del estado Amazonas, María Daniela Maldonado, quien exigió “respeto a la decisión tomada por los indígenas y que toda persona extraña salga de sus territorios”. Llamó la atención de los organismos competentes a atender la situación planteada. ( NOTA DE PRENSA KAPÉ KAPÉ)
Joennis Campos Ortiz
Pasante UBV
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