La oposición italiana ha reclamado este lunes la comparecencia «urgente» en el Parlamento de la primera ministra, Giorgia Meloni, para explicar el reciente caso de acceso ilegal a las bases de datos estatales por parte de una trama.
El Partido Demócrata (PD, centroizquierda), principal formación opositora, tachó de «inquietante» este escándalo revelado por la Fiscalía de Milán (norte) sobre una «organización» que robaba y vendía datos sensibles de políticos e instituciones accediendo a bases de datos «estratégicas» como la del Ministerio del Interior.
Sus portavoces parlamentarios, Francesco Boccia y Chiara Braga, pidieron la comparecencia urgente de Meloni ante lo que consideran «un sistema de seguridad que hace aguas por todos los lados».
«Es necesario que la primera ministra venga con urgencia al Parlamento. Queremos saber cómo es posible que se haya violado el sistema ‘SDI’ y sustraído datos que, al parecer, afectan a los más altos cargos del Estado», denuncian.
La investigación ha conllevado el arresto domiciliario de cuatro personas, entre estos un policía jubilado pero conocido en el pasado, Carmine Gallo, y el hacker Samuele Calamucci, aunque las pesquisas salpican a alrededor de 60 personas.
De las interceptaciones se desprende que poseían 800.000 informes robados a la banca de datos del Ministerio del Interior (SDI) y que buscaron información del presidente del Senado, Ignazio La Russa, segundo cargo del Estado y mano derecha de Meloni, y hasta aseguraron haber obtenido un correo del presidente de la República, Sergio Mattarella.
Movimiento 5 Estrellas
El también opositor Movimiento 5 Estrellas (M5S) señaló en un comunicado «la responsabilidad del Ejecutivo» en este caso.
«Las bases de datos afectadas pertenecen, de hecho, a varios ministerios y esto implica directamente la responsabilidad de las autoridades gubernamentales, que deben custodiarlas. Está claro que hay un grave problema de ineficacia», denunció.
Desde la coalición Gobierno de Meloni, la ultraderechista Liga han avanzado su intención de presentar un proyecto de ley que endurezca las penas en casos de piratería (el pasado junio ya se aprobó una que, en teoría, permitía reforzar el sistema informático nacional).
La propia primera ministra se ha visto afectada recientemente por estos casos, como cuando este año un empleado del banco Intesa Sanpaolo fue pillado «espiando» información de su entorno.
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