¿Qué retos ambientales enfrenta el municipio Caroní? Este fue el tema analizado por un panel de expertos, quienes plantearon las realidades y desafíos ambientales, a propósito de una nueva edición de Visión de la Amazonía, una iniciativa de la dirección de Extensión Social Universitaria (DESU) y la coordinación de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello, extensión Guayana, (UCAB Guayana), la cual busca promover la comprensión integral del territorio amazónico.
El vicerrector de extensión, Jorge Pernía Morales, dio la bienvenida al evento y destacó la importancia que tiene para la institución el conocer y analizar el contexto de la región, al ser la única universidad jesuita que se ubica en la Amazonía.
Pernía Morales también insistió en la necesidad de articular el trabajo de investigación con otras universidades y organizaciones, para poder aportar y superar los retos.
La profesora Florencia Cordero, directora de Sustentabilidad Ambiental, recordó que el municipio Caroní, la entidad más poblada del estado Bolívar, se encuentra dentro de los tres estados que conforman la Amazonía venezolana, aunque en muchas oportunidades se desconozca esta inherente vinculación.
El conversatorio contó con la participación de la geógrafo y docente investigadora en la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), Carol Valeri; la abogada e investigadora, Carla Pérez; y el abogado y presidente de la organización civil Guayana Inteligente y Sostenible (Guayana IS), Omar Martínez.
Amenazas ambientales en Caroní
La docente investigadora de la UNEG con maestría en Ciencias Ambientales, Carol Valeri, inició el ciclo de ponencias y advirtió sobre la amenaza de inundaciones en el municipio Caroní, como uno de los riesgos ambientales a los que se enfrenta la entidad.
La experta explicó que el cambio climático es responsable del aumento de la frecuencia de lluvias torrenciales en diferentes partes del mundo, causando inundaciones, por lo que la entidad es vulnerable a esta afectación.
Recordó que la ubicación del municipio, entre el río Orinoco y Caroní, y la llegada del fenómeno de la Niña previsto para junio-agosto de este año, deja a los sectores ubicados en zonas de riesgo en una situación de vulnerabilidad.
Valeri añadió que esto se considera una amenaza socio-natural para los sectores que se han asentado en espacios donde, históricamente, la subida de los ríos causa inundaciones.
«La falta de planificación hizo que la ciudad creciera hacia las zonas de riesgo, aquellas ubicadas por debajo de la cota 16», indicó Valeri.
Identificó que algunos de estos sectores serían Cambalache, Castillito, Campo Rojo, Acapulco y Las Delicias.
Valeri reconoció que, durante los años, las personas de estas comunidades se han adaptado para sobrellevar las inundaciones año tras año. Sin embargo, subrayó la necesidad de tomar medidas de prevención antes de que ocurran desastres.
«Necesitamos ser capaces de medir las amenazas y la vulnerabilidad para gestionar el riesgo», agregó.
Recordó que el país y el municipio tienen un marco legal sobre esta materia y que su aplicabilidad permite la reducción de los riesgos de desastres.
La geógrafo propuso construir mapas de riesgo, estudios de vulnerabilidad, proyectos de desarrollo urbano con criterios de sostenibilidad y un sistema de alerta temprana para gestionar las amenazas por inundaciones en Caroní.
Derecho al ambiente sano
Por su parte, la abogada Carol Pérez hizo referencia a la responsabilidad de los Estados en garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para los ciudadanos, tomando en cuenta que este derecho humano está estrechamente relacionado con la realización de otros derechos.
Pérez recordó que, a partir de 2022, la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró que todas las personas del mundo tienen derecho a un medio ambiente saludable, reconociendo los desafíos que enfrenta el mundo por el cambio climático.
«Estamos amparados por un contexto legal muy amplio y es obligación del Estado cumplirlo», señaló.
La abogado resaltó que hay una serie de derechos que son especialmente vulnerables ante la pérdida del ambiente sano, como pueden ser el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, a la vida privada, a la salud, al agua limpia, a la alimentación, a la participación en la vida cultural, a la propiedad y el derecho a no ser desplazado forzadamente.
Pérez insistió en que para superar los retos ambientales en Caroní «hace falta más que la buena voluntad de incluirse en la Ley, si no en su aplicabilidad».
Articular fuerzas
Para cerrar el conversatorio, el presidente de la organización civil Guayana IS, Omar Martínez, expuso sobre la gobernanza como una oportunidad de que Ciudad Guayana se vuelva una ciudad más sostenible.
Explicó que este concepto llama a articular fuerzas entre todos los actores que conforman la sociedad.
«Una ciudad sostenible implica reconocer su complejo funcionamiento y que es un trabajo compartido donde cada uno de los actores es responsable», indicó.
Resaltó la importancia de las autonomías locales, donde las comunidades decidan sobre su propio espacio como punto clave de la gobernanza, que va más allá de la gestión pasajera de funcionarios públicos.
Aseguró que es importante «asumirnos como parte de la comunidad, la cohesión social, sentido de pertenencia y la participación comunitaria», para superar los retos que enfrenta el municipio en materia ambiental.
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