Un grupo de familiares de detenidos en Venezuela pidió a la Fiscalía que revise los casos de ocho menores de edad apresados en el contexto de las protestas poselectorales.
Sus allegados alegan su inocencia y los «están criminalizando injustamente».
A través de un documento entregado a la Fiscalía en Caracas también se incluyen a siete adultos capturados, quienes, junto con los menores de edad, están acusados de «delitos graves» como «terrorismo e instigación al odio», lo que -precisa el escrito- como «absurdo y prematuro», pues «estas acusaciones las formularon» antes de que se hiciera una «investigación adecuada y objetiva».
Asimismo, los familiares expresaron su «profunda preocupación» por el proceso penal que «está llevando a cabo contra los adolescentes», al tiempo que denunciaron que «no han podido designar un defensor de su confianza».
Theany Urbina, madre de uno de los menores, afirmó que su hijo, de 16 años, lo detuvieron el 2 de agosto en la puerta de su casa, sin precisar si había participado en las protestas, y se le está «imputando terrorismo».
La mujer, que pidió la libertad para todos los menores, aseguró que una «buena fuente», que no reveló, le dijo que «les quieren» imponer una condena de «10 años» de prisión.
Por su parte, Dionexis García dijo que a su hermano de 17 años, detenido «sin una orden de aprehensión», también el 2 de agosto, se le acusa de «terrorismo, incitación al odio y hurto calificado».
«El expediente claramente dice que no existen pruebas, pero, a través de una jurisprudencia, la Fiscalía dice que se tiene que ir a juicio para ellos buscar la prueba», aseguró García.
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