Caracas.-El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció la solicitud de órdenes de aprehensión contra ocho personas por su presunta participación en una trama de corrupción dentro del Banco Central de Venezuela (BCV).
Los presuntos responsables serían José Albornoz Pirela, Jefe del Departamento de Pagos y Tributos del BCV; José Alberto Hidalgo y Robin Sanabria, asistente administrativo y analista adscritos al Departamento de Compras y Suministros, respectivamente; según declaraciones de la máxima autoridad del Ministerio Público ofrecidas este viernes en Caracas.
También estarían implicados en la trama “Naim Saade, representante legal de Corporación Líder Plus 080 y Textiles Siempre Líder; Eneida Ottamendi, Representante Legal de Corporación Líder Plus 080; José Antonio Saade, representante legal de la Textiles Siempre Líder, Sabrina Musso Navas y Antonio Jaén Núñez, representantes de Aerolíder”, precisó Saab.
Modus operandi
Saab indicó que la denuncia fue hecha por el presidente del BCV, Calixto Ortega Sánchez, “quien facilitó al Ministerio Público toda la investigación interna realizada por el Departamento de Investigaciones” de esa entidad.
El Fiscal General detalló que la trama consta de una serie de pagos a unas empresas “que no fueron contratadas previamente por el Banco Central de Venezuela. La irregularidad fue descubierta cuando un funcionario del BCV detectó un sobreprecio en el costo unitario en una factura emitida por Corporación Líder Plus 080 por la compra de cauchos radiales rin 13, valorados en unos 900 dólares, siendo su valor de mercado de 60 dólares”.
En tal sentido, el alto funcionario acotó que el BCV no dispone de vehículos oficiales que utilicen dicha medida y que “este funcionario (Albornoz Pirela), en complicidad con otros dos, forjó expedientes de adquisición de bienes, los cuales nunca pasaron por el trámite establecido y lograron la tramitación de su pago a las empresas involucradas”.
A su vez, recalcó que se trata de materiales que no fueron entregados debido a que se trató de compras simuladas. Como parte de la investigación, se determinó que “los pagos fueron validados, procesados y ejecutados por el Departamento de Pagos y Tributos, contraviniendo el Manuel de Normas y Procedimientos para Gestionar Pagos Administrativos del BCV”, expresó Saab.
Como parte de la trama, también se comprobó que “las tres empresas involucradas recibieron siete pagos, tramitados con expedientes forjados, por un monto total equivalente a 1 millón 700 mil dólares”, siendo esta cifra el daño patrimonial causado al Estado venezolano.
Los presuntos implicados serán imputados por la comisión de los delitos de lucro ilegal en acto de la administración pública, aprovechamiento o distracción de fondos públicos recibidos por personas naturales o jurídicas, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
Cooperación interinstitucional
El Fiscal General señaló que la cooperación entre el BCV y el órgano garante de la legalidad en dicha investigación demuestra la “fortaleza institucional que debe existir entre los entres del Estado venezolano para combatir este flagelo tan endémico que pretende implosionar las democracias, para que los imperios y grandes centros de poder saquen provecho de ello”.
A su vez, Saab recordó que “desde agosto de 2017 hemos demostrado la voluntad de este Ministerio Público por poner a los delincuentes en manos de la justicia”, recordó el titular de la acción penal.
Por ello, desde el inicio de gestión al frente de la institución se han presentado “8.134 imputaciones por actos de corrupción, se han obtenido 837 sentencias condenatorias, y han resultado condenadas un total de 1.381 personas”.
“Siempre vamos a mantener esta línea de actuación implacable y férrea en contra de la corrupción en cualquiera de sus modalidades. Cualquier ciudadano debe denunciar esto, confiar en el Ministerio Público para que este tipo de acciones no queden impunes”, sentenció Saab.
Prensa Ministerio Público
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