
La Fiscalía General de la República (FGR) de México reiteró este miércoles que Estados Unidos aún no ha entregado las pruebas que justifiquen la petición de detención urgente emitida en abril contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Washington acusa al mandatario estatal y a otros funcionarios de delitos relacionados con el narcotráfico.
«Con base en lo señalado en esta solicitud, no ha habido pruebas concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano», declaró David Boone, responsable de la Fiscalía Especializada de Control Regional, durante una rueda de prensa conjunta con la cúpula de la FGR.
Boone detalló que el Ministerio Público ya entrevistó al gobernador y a los demás funcionarios señalados por el Gobierno estadounidense, entre quienes se encuentran el senador federal Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
El origen de las acusaciones de Washington
El caso provocó un auténtico terremoto político en México luego de que el Departamento de Justicia de EE. UU. acusara formalmente a diez políticos del estado de Sinaloa de recibir sobornos de ‘Los Chapitos’ —una de las facciones más poderosas del Cartel de Sinaloa— a cambio de favores políticos. Por este motivo, la justicia estadounidense les imputa cargos por narcotráfico y posesión de armas de fuego.
Al respecto, Boone afirmó que las autoridades mexicanas continúan recabando «datos de prueba» de manera interna tras los señalamientos de Washington, que solicitó formalmente la captura de los implicados con fines de extradición.
México exige explicaciones sobre la «urgencia»
Por su parte, la fiscal general de México, Ernestina Godoy, precisó que se ha solicitado formalmente a las autoridades del país vecino que «expliquen por qué es urgente» el arresto de los diez individuos señalados, de los cuales dos ya se entregaron voluntariamente a la justicia estadounidense.
«La investigación que se sigue en relación a las diez personas es únicamente por los delitos por los que fueron señalados por Estados Unidos. No hemos ampliado la indagatoria a otros delitos», aclaró Godoy.
Respaldo del Ejecutivo federal
Ante la gravedad de los señalamientos, el gobernador de Sinaloa, perteneciente al oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se apartó temporalmente de su cargo para hacer frente al proceso legal, una medida que también replicaron otros de los funcionarios involucrados.
Por el momento, el Ejecutivo federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum se niega a cumplir con la orden de extradición de la Administración estadounidense. El Gobierno de México se mantiene firme en el criterio de la FGR, condicionando cualquier detención a que la Casa Blanca presente las evidencias correspondientes.
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