El Gobierno brasileño defendió este sábado su gestión de la Tierra Yanomani, frente a críticas de una organización indígena que denunció un agravamiento de la situación sanitaria, con un aumento de los casos de malaria y desnutrición infantil.
En una nota oficial, el Gobierno afirmó que, desde enero de 2023, cuando asumió el poder el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, se ha puesto en marcha «la mayor operación ya realizada por el Estado en la Tierra Indígena Yanomami».
El comunicado enumera las acciones emprendidas desde entonces, sobre las cuales explica que apuntan a «revertir el estado de abandono heredado» del Gobierno anterior, presidido por el ultraderechista Jair Bolsonaro, que desmanteló todas las políticas públicas volcadas a la protección de los pueblos originarios.
Sin embargo, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), que agrupa a cientos de etnias, ha denunciado ante la Corte Suprema que, a pesar de la mejora sanitaria registrada en 2023, el año pasado la situación ha vuelto a agravarse.
De acuerdo a la Apib, los casos de malaria, que habían caído de 22.000 en 2022 a 14.450 en 2023, repuntaron el año pasado para llegar a 18.310, una tendencia también observada en las tasas de desnutrición infantil e infecciones respiratorias, entre otras enfermedades.
Frente a esa denuncia, la Corte Suprema ha emplazado al Gobierno a explicar antes de fin de mes las razones de ese agravamiento.
Pueblos indígenas
En la nota divulgada este sábado, el Ejecutivo garantizó que las informaciones exigidas por el tribunal «serán dadas en el plazo establecido», pero sostuvo que mantiene «todas las acciones necesarias para garantizar la protección y recuperación de las condiciones de vida de los pueblos indígenas».
Sostiene también que «sigue actuando de forma estructurada y continua para revertir años de negligencia y garantizar que el pueblo Yanomami tenga autonomía, dignidad, asistencia y seguridad en sus territorios».
La Tierra Indígena Yanomami ocupa unos 10 millones de hectáreas en el norte del país, en la frontera con Venezuela, y alberga a unos 33.000 indígenas.
Al asumir el poder, una de las primeras medidas de Lula fue declarar ese territorio en emergencia sanitaria, debido a graves problemas de salud y ambientales causados por la invasión de unos 30.000 mineros ilegales durante el Gobierno de Bolsonaro.
También fueron enviados efectivos de las Fuerzas Armadas, que expulsaron a la mayoría de los invasores, pero aún no han eliminado por completo la actividad minera en la región, según ha denunciado la Apib.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
