En su primera comparecencia ante los medios, el nuevo vocero de la Presidencia de Bolivia, José Luis Gálvez, afirmó este miércoles que el Gobierno detecta signos de un «proceso conspirativo en curso». Según el funcionario, las recientes movilizaciones de sectores obreros, campesinos y maestros trascienden el reclamo social para buscar la generación de un «caos político» que desestabilice la gestión estatal.
Gálvez, quien asumió el cargo en reemplazo de Carla Faval, señaló que «algunas estructuras político-partidarias» se oponen a la reconstrucción del país. No obstante, enfatizó que la estrategia oficial será «dialogar con todos», aunque advirtió que existen pilares de la transformación gubernamental que son innegociables.
Frentes de conflicto abiertos
La administración boliviana enfrenta actualmente tres focos de presión principales:
Sector Obrero: La Central Obrera Boliviana (COB) exige un incremento del 20% al salario básico y rechaza el cierre de empresas públicas deficitarias, calificándolo como una «privatización encubierta». El Gobierno descartó el aumento, recordando que en enero el salario mínimo ya subió de 2.750 a 3.300 bolivianos tras el fin de la subvención a los combustibles.
Sector Educativo: Los maestros mantienen protestas activas contra la descentralización de la educación y exigen mejoras en las escalas salariales.
Sector Indígena y Campesino: Un bloque que partió desde Pando marcha hacia La Paz exigiendo la anulación de la Ley 1720. Los manifestantes alegan que la reclasificación de tierras favorece al latifundio, mientras que el vocero asegura que un nuevo decreto presidencial ya garantiza la pequeña propiedad.
Mesa de diálogo vs. Medidas de fuerza
Sobre las 211 demandas presentadas por la COB, Gálvez admitió que 180 son «históricas» y podrían abordarse en mesas de trabajo. Sin embargo, el ambiente sigue caldeado de cara al 1° de mayo, fecha en la que los sindicatos prevén realizar un mitin de gran magnitud en la ciudad de El Alto.
Finalmente, el portavoz abordó la crisis de suministros, asegurando que el desabastecimiento de diésel en zonas productivas —que generó bloqueos semanas atrás— está siendo superado tras controlar una «sobredemanda» estacional. «No vamos a ceder espacios porque es un mandato recibido», concluyó Gálvez, reafirmando que el Ejecutivo mantendrá su rumbo pese a la presión de las calles.
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