Trinidad y Tobago.- El Ministro de Seguridad de Trinidad y Tobago, Stuart Young, se refirió este martes a los venezolanos deportados el domingo de la isla y dijo que, aunque comprende la “emoción” que rodea en torno al caso, existen leyes para proteger a su país.
Frente a medios de comunicación Young expresó: “Entiendo la emoción y cómo la gente trata de manipular la situación (…) No depende de nadie cambiar la ley para adaptarse a sus sentimientos. Este gobierno siempre ha abordado la migración no nacional con un equilibrio que incluye el aspecto humanitario. No se puede acusar al gobierno de tratar los temas de migración sin un pilar humanitario.»
Stuart Young recordó que las fronteras de Trinidad y Tobago están cerradas desde el 22 de marzo, tanto para los nacionales como para los no nacionales.
De igual manera, indicó que su Gobierno, desde 2015, ha operado dentro de la ley de Trinidad y Tobago y la política gubermanental.
Young, a pesar de que se refería al caso de la migración ilegal, particularmente sobre los 16, parecía más bien desconocerlo.
«He visto el ‘supuesto’ reporte sobre los 16 niños, pero ahora pregunto: ¿alguien ha visto a esos individuos? ¿quiénes son? Muestren certificados de nacimiento para verificar que son menores de edad».
Y continuó: «Yo no puse a ninguna persona en ningún bote. Conozco mis responsabilidades, y no cubren eso. No sé si son 10, 12, o 16 niños. Vi lo que dijo Juan Guaidó, pero no sabemos de qué hablan».
El Ministro insistió en que no tiene conocimiento sobre si los niños regresaron a la isla y qué pasará con ellos y el resto de venezolanos rescatados.
Young resaltó que «las leyes aplicables son las leyes de inmigración, los reglamentos sanitarios y la política gubernamental y las personas deben respetar la ley y atenerse a ella».
El incumplimiento de la ley podría llevar a la anarquía, agregó.
Insistió en que hará cumplir las leyes de su país como una prioridad para defender a su población. «Todo el que ingrese a la isla de manera ilegal, o esté aquí sin documentos, seguirá siendo deportado», advirtió.
«Nuestra política siempre ha sido proteger a sus ciudadanos y a los que están aquí legalmente. Los temas que estamos tratando son la migración ilegal y la violación de las fronteras. ¿Quién decide que otras personas pueden romper nuestras fronteras, entrar ilegalmente en nuestras fronteras y poner en peligro a nuestros ciudadanos?».
Añadió que a nivel de seguridad nacional tiene más conocimientos sobre la trata de personas que se produce y alertó: «A los venezolanos legales en la isla les decimos: si se descubre que están ayudando a otros de sus connacionales sin documentos en Trinidad, su permiso será revocado y también será deportado».
El domingo por la noche, el juez Avason Quinlan-Williams ordenó al Jefe del Estado Mayor de la Defensa que el lunes presentara un grupo de 16 niños y nueve mujeres, en un recurso de hábeas corpus presentado en su nombre.
Esto se produjo después de que los niños y las mujeres fueron puestos en dos alardes no registrados y escoltados fuera de las aguas de Trinidad y Tobago por la Guardia Costera.
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